En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar el 51% de YPF, entonces controlado por Repsol. La medida, defendida por Axel Kicillof, derivó en un conflicto judicial internacional que culminó en 2023 con una condena de más de USD 16.000 millones contra Argentina.
En marzo de 2026, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló ese fallo, cerrando uno de los litigios más costosos de la historia del país. El contexto de la estatización comienza en 2012. El motivo oficial: caída en la producción de hidrocarburos y aumento de importaciones de combustibles.
Cuál fue la decisión del Estado
Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.
Como…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026
La decisión política fue la de recuperar el control estatal de la principal petrolera del país. Cristina Kirchner anunció la medida; Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, fue el principal defensor técnico y político.
El 16 de abril de 2012, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para declarar de utilidad pública el 51% del capital accionario de YPF. La iniciativa apuntaba directamente a la participación de Repsol, que controlaba la compañía desde los años noventa.
De esa manera, el Estado asumió la conducción operativa de YPF. Repsol rechazó la medida y exigió compensación. En 2014, Argentina se comprometió a pagar USD 5.000 millones en bonos como indemnización. Ese acuerdo cerró el conflicto con el accionista mayoritario, pero dejó abierta la disputa con otros inversores minoritarios.
El estatuto societario y la demanda internacional
La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.
Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios…
— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026
El estatuto de YPF establecía que, ante un cambio de control, debía realizarse una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas. Argentina no cumplió con esa obligación. Algunos vendieron sus derechos de litigio a fondos especializados, como Burford Capital.
Luego la demanda se presentó en Nueva York, donde se argumentó que el Estado argentino había incumplido el estatuto. En 2023, la jueza Loretta Preska condenó a Argentina a pagar más de USD 16.000 millones, cifra que con intereses superó los USD 17.000 millones.
El litigio se convirtió en la mayor condena económica contra un Estado soberano en EE.UU. Sin embargo, en marzo de 2026, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló el fallo, lo que fue celebrado por el presidente Javier Milei como un hecho “histórico” y un triunfo jurídico para el país.
Para Kicillof, su rol en la estatización lo convirtió en figura central del kirchnerismo, aunque también lo expuso a críticas por las consecuencias judiciales. Para Argentina el caso mostró los riesgos de decisiones económicas sin cumplir normas societarias internacionales. Y finalmente para Milei, el fallo favorable se convirtió en un logro político que reforzó su discurso de defensa de la soberanía frente a litigios externos.
