Una denuncia por violencia de género reavivó las alarmas en el sistema judicial platense. La denunciante es María del Carmen Garro, hermana del exintendente de La Plata y dirigente del PRO Julio Garro, quien relató haber sido víctima de una serie de episodios violentos por parte de su expareja, Matías Ganzella, un empleado de la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.
Según consta en la denuncia a la que accedió #BORDER, la mujer sostuvo una relación con el acusado durante tres meses. El vínculo se rompió el 31 de mayo de 2023, fecha a partir de la cual se desencadenó un espiral de violencia física, psicológica y amenazas que incluyeron ataques en la vía pública, en su domicilio e incluso en su lugar de trabajo. Ganzella fue detenido y procesado por orden del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFIJ 11 de La Plata, ante quien decidió no declarar.
Actualmente, la defensa particular del imputado presentó una solicitud de excarcelación que deberá ser evaluada por el juez de Garantías 1 de La Plata, Guillermo Atencio.
Una ruptura que desató el infierno
En su declaración testimonial ante el Ministerio Público Fiscal, María del Carmen Garro reconstruyó una secuencia de hechos de extrema gravedad ocurridos desde el momento en que decidió finalizar la relación con Ganzella. A partir del 31 de mayo de 2023, la mujer denunció haber sido hostigada de forma permanente. El primer incidente ocurrió el sábado siguiente a la ruptura, cuando el acusado se presentó en el domicilio de la madre de la víctima a las 7 de la mañana, profiriendo gritos e insultos.
Esa misma noche, Ganzella interceptó a Garro y a una amiga. Según consta en el expediente, el hombre las insultó y amenazó con frases como: “te voy a matar”, “decime que me amás” y “vos te vas a dormir conmigo”.
Horas más tarde, durante la madrugada del día siguiente, alrededor de las 4 de la mañana, el acusado volvió a presentarse en la vivienda de la víctima. Esta vez, las amenazas incluyeron frases como “estoy en la puerta de tu casa, ¿puedo entrar?”, “me encajé con la camioneta, salí a ayudarme” y “no vas a ver más a tu hija”.
El último episodio registrado en la denuncia ocurrió el día de la presentación judicial, alrededor de las 5 de la madrugada. Una vez más, Ganzella se apersonó en el domicilio de Garro, en un contexto de acoso reiterado.
Control, amenazas y maltrato durante la relación
La declaración testimonial también incluye detalles sobre el vínculo previo entre ambas partes. Garro relató que, incluso durante los tres meses de relación, Ganzella ya exhibía conductas abusivas. Lo acusó de ejercer violencia física, verbal y psicológica. Según la denunciante, el imputado le impedía asistir al gimnasio, salir con amigas e intentaba controlar sus movimientos cotidianos.
Frente a estas situaciones, Garro reconoció que muchas veces se vio obligada a inventar excusas para evitar conflictos. Añadió que Ganzella la tenía amenazada para que no lo denunciara y la coaccionaba con frases como “te voy a dejar sin nada” o “no vas a volver a ver a tu hija”, en un claro intento por quebrarla emocionalmente.
En su testimonio, la mujer expresó sentir miedo constante y aseguró que las acciones del acusado la han dejado “traumatizada”. “Él sabe que me duele”, afirmó ante el personal judicial.
Pese a estos antecedentes, el acusado se negó a declarar al momento de ser indagado y fue formalmente procesado por el fiscal Garganta. La causa se encuentra ahora a la espera de una resolución sobre el pedido de excarcelación presentado por su defensa, a cargo del juez Guillermo Atencio.
Un caso con resonancia institucional
El acusado, Matías Ganzella, se desempeña como empleado de la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, un órgano sensible dentro de la estructura institucional del Poder Judicial bonaerense. Aunque su rol administrativo no implica funciones jurisdiccionales, su pertenencia a ese ámbito pone en tensión los protocolos de control y prevención que rigen en el fuero disciplinario.
Por su parte, María del Carmen Garro no solo es una ciudadana víctima de un presunto agresor, sino que también es hermana del exintendente de La Plata y dirigente PRO, Julio Garro. La cercanía de la víctima con una figura pública local agrega un componente adicional al caso, que genera atención tanto por la crudeza de los hechos como por el impacto que puede tener en los distintos niveles de la política y la justicia platense.
El contexto: cifras alarmantes de violencia de género
El caso de María del Carmen Garro se enmarca en una problemática estructural que atraviesa a todo el país. Según el Registro Nacional de Femicidios elaborado por la Corte Suprema de Justicia, en 2023 se registraron 252 víctimas letales de violencia de género en Argentina. En la provincia de Buenos Aires, el número de femicidios alcanzó las 84 víctimas en ese mismo período, manteniéndose como el distrito con mayor cantidad de casos.
A su vez, la Línea 144 —destinada a la atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género— recibió más de 147.000 llamados durante el año 2023. De ese total, más del 60% correspondieron a denuncias de violencia psicológica, seguidas por violencia física, económica y sexual.
Este tipo de episodios, como el que involucra a Ganzella, no solo ponen en evidencia la persistencia de patrones machistas y violentos dentro de las relaciones afectivas, sino también la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de protección, acompañamiento y acceso a la Justicia para las víctimas.
Una decisión clave en manos de la Justicia
La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Con el acusado detenido y procesado, la atención ahora está puesta en la decisión del juez de Garantías N°1, Guillermo Atencio, quien deberá resolver si otorga la excarcelación solicitada por la defensa del imputado o mantiene su detención preventiva mientras continúa la investigación.
La gravedad de los hechos relatados y el contexto de hostigamiento constante denunciado por la víctima configuran, en principio, un cuadro compatible con el riesgo procesal que la Justicia suele ponderar al momento de resolver una excarcelación: la posibilidad de entorpecer la causa o de reincidir en los hechos denunciados.
El caso de María del Carmen Garro no es uno más. Refleja el recorrido doloroso de tantas mujeres que, al cortar una relación violenta, se convierten en blanco de represalias aún más agresivas. También revela las dificultades que aún persisten para garantizar una respuesta judicial efectiva, rápida y sensible ante la violencia de género. Y deja planteada una pregunta clave para la Justicia bonaerense: ¿Qué hará el sistema para proteger a quien se animó a denunciar?
