La Inspección General de Justicia (IGJ) redobla sus exigencias hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y está considerando abrir un sumario por posibles irregularidades en los balances contables de la entidad. En los próximos días, el organismo presentará un nuevo pedido formal para obtener explicaciones sobre asuntos pendientes en expedientes previos, según informó TN.
Esta acción permitiría a la IGJ iniciar una investigación formal para determinar si la AFA incumplió con sus obligaciones estatutarias, contables o de transparencia. La medida se justifica cuando la entidad fiscalizada presenta inconsistencias o no entrega la información solicitada.
Desde la Casa Rosada, donde se sigue de cerca la situación, reconocen que la decisión surge ante la aparición constante de nuevos temas vinculados al financiamiento de la AFA y de los clubes. Sin embargo, por ahora descartan tomar acciones judiciales para forzar la entrega de datos.
La IGJ insistirá en la apertura de rubros contables y financieros cuya desagregación ya fue solicitada en expedientes anteriores. Además, reclamará detalles sobre las actuaciones de la AFA en la provincia de Buenos Aires, donde la entidad habría realizado trámites y operaciones para evitar el control provincial, luego de haber mudado su sede de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde 2017, el organismo exige la apertura de partidas por un total de 111 millones de dólares que la AFA declaró en términos globales sin discriminar, así como la aprobación de ocho ejercicios contables que permanecen sin validar. Entre los rubros observados se encuentran gastos administrativos, erogaciones para selecciones nacionales, pagos al Colegio de Árbitros y aportes a FIFA y Conmebol.
El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, negó que el Gobierno contemple intervenir la AFA y aclaró que la entidad no completó el proceso para trasladar su sede a la provincia de Buenos Aires, ya que no presentó el estatuto reformado ni regularizó la inscripción de la última comisión directiva, cuya asamblea está judicializada.
El reclamo formal incluirá también la actuación de la AFA en territorio bonaerense, donde se realizaron asambleas bajo la afirmación de estar bajo control provincial. Sin embargo, desde Nación acusan a la gestión de Claudio Tapia de evadir la fiscalización correspondiente, argumentando que la entidad no puede modificar su jurisdicción sin cumplir con los procedimientos legales y administrativos.
En caso de que la AFA no responda a esta solicitud formal, la IGJ tiene la facultad de aplicar sanciones previstas en la Ley 22.315, que van desde multas económicas hasta la no aprobación de los estados contables. Además, puede intimar bajo apercibimiento, ordenar inspecciones, realizar observaciones registrales o bloquear trámites societarios hasta que la entidad regularice su situación.
