Bajo una consigna contundente —“Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”—, referentes eclesiásticos, agrupaciones comunitarias y directivos de ONGs manifestaron su rechazo al desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a los asentamientos. La controversia escaló tras el anuncio del cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU) y el cese de los contratos de sus 300 empleados.

Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, encabezó el reclamo al gobierno de Javier Milei. Según el prelado, la desarticulación de esta área significa el congelamiento de más de 700 proyectos de infraestructura vitales. "Hablamos de cosas básicas: agua potable, cloacas y centros de salud. Si el Estado se retira de forma abrupta, el narcotráfico ocupa ese vacío", sentenció Carrara.

El impacto del ajuste en los barrios del ReNaBaP

La política de integración, que nació en 2016 y se consolidó por ley en 2018 con un amplio consenso político, atraviesa hoy su crisis más severa. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), más de 1,2 millones de familias habitan en zonas con carencias críticas de servicios esenciales.

La parálisis no solo afecta a las grandes obras de urbanización, sino también a programas de escala doméstica como "Mi Pieza". Lila Calderón, referente social en Cipolletti, detalló las consecuencias inmediatas: "Más de 11.000 mujeres quedaron sin el apoyo estatal para mejorar sus viviendas precarias, lo que aumenta el riesgo de incendios por conexiones eléctricas irregulares y tragedias por inundaciones".

Auditorías y transparencia

Uno de los puntos de mayor fricción es la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU). El Poder Ejecutivo justificó la medida bajo sospechas de corrupción, aunque la Justicia sobreseyó a los principales señalados por falta de pruebas.

Incluso funcionarios de la actual gestión, como Sebastián Pareja, admitieron públicamente que no hallaron irregularidades en las auditorías, las cuales cuentan con el aval de universidades y organismos internacionales. Por su parte, Fernanda García Monticelli, exsubsecretaria del área, destacó que el 80% de los barrios populares recibió algún tipo de inversión pública bajo este esquema, con resultados tangibles en 250.000 hogares.

La tensión entre el Gobierno y las organizaciones sociales ya se trasladó a los tribunales. El Juzgado Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que obligan al Estado Nacional a garantizar la continuidad de estos proyectos y suspenden los intentos de disolución del fondo fiduciario.

Mientras la batalla legal continúa, la protesta social se hace visible en las calles. Organizaciones nucleadas en la UTEP instalaron casillas de madera de forma simbólica frente a la Casa Rosada para visibilizar la realidad de los barrios que quedan sin obras.