Un reciente estudio del Observatorio de Argentinos por la Educación revela que en la última década, de 2014 a 2024, 19 de las 24 provincias argentinas redujeron su inversión en educación. Este descenso se suma a los recortes realizados por el Estado nacional, que aporta solo el 25% del gasto educativo total, mientras que el 75% restante depende de las provincias.
Las únicas provincias que lograron sostener o aumentar su presupuesto educativo durante ese período fueron San Luis, Santiago del Estero, Salta, Neuquén y Río Negro. De estas, las primeras cuatro incrementaron su inversión, y Río Negro la mantuvo estable. En contraste, el resto mostró una disminución constante en sus fondos destinados a la función “Educación y Cultura”.
El informe también destaca que en 16 provincias la participación del gasto educativo dentro del presupuesto total provincial disminuyó, lo que indica no solo un impacto de la crisis económica, sino también una pérdida de prioridad en la asignación de recursos a la educación.
En 2024, la inversión provincial en educación alcanzó solo el 3,8% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que la Nación destinó el 0,8%, sumando un total del 4,6% del PBI para todo el país, cifra muy inferior al 6% fijado como meta por las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación. Además, el proyecto de Presupuesto 2026 propone reducir aún más la inversión nacional, al prever solo el 0,75% del PBI para educación, y contempla la derogación del mandato del 6% para la inversión conjunta.
La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) en 2024, un mecanismo que financiaba parte de los salarios docentes, fue un factor clave en el ajuste de las provincias, que en ese año redujeron sus presupuestos en educación en 22 de las 24 jurisdicciones. Solo Chaco, Neuquén y Santiago del Estero aumentaron su inversión en ese contexto.
De cara a 2025, el informe estima una recuperación en al menos 13 provincias, apoyada en la evolución del salario docente, que representa el 90% del gasto educativo provincial. Sin embargo, el panorama general sigue siendo preocupante.
Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea y coautor del informe, explicó que la recomposición del gasto educativo dependerá de un ordenamiento general de las finanzas públicas, pero también es esencial “mejorar la gestión educativa”, es decir, lograr que los alumnos aprendan más con los mismos recursos. Señala que hay oportunidades para aumentar la eficiencia, ya que países con niveles similares de inversión obtienen mejores resultados, y destaca la importancia de cambiar incentivos y fortalecer los sistemas de medición de resultados.
Giordano añadió que el Gobierno nacional no puede obligar a las provincias a priorizar la educación, pero sí puede empoderar a la ciudadanía difundiendo información sobre el desempeño escolar, generando así presión para que los gobiernos provinciales asignen más atención y recursos al sector.
Por su parte, Javier Curcio, investigador de IIEP, UBA y Conicet, subrayó que la capacidad de las provincias para contrarrestar la caída de la inversión nacional varía y que algunas han logrado compensar con otros ingresos, ampliando las desigualdades territoriales en el gasto educativo. Señaló que “el músculo de compensación nacional se redujo”, aumentando la dispersión en la inversión provincial.
El informe también alerta sobre la falta de datos públicos completos y estandarizados que permitan un seguimiento detallado y comparativo del gasto educativo provincial. Esta carencia dificulta el monitoreo y la rendición de cuentas, ya que para 2025 no hay información consolidada de los presupuestos provinciales desagregados por función.
Para su análisis, los autores utilizaron datos ejecutados de presupuestos provinciales recopilados por la Dirección Nacional de Análisis Presupuestario del Ministerio de Economía, junto con información sobre salarios docentes desde 2014 hasta junio de 2025, proporcionada por la Coordinación General de Estudios de Costos del Sistema Educativo.
Mientras tanto, el Gobierno nacional confirmó que en 2026 se mantendrá un piso de 190 días de clases y adelantó que controlará las horas efectivas que los estudiantes pasan en la escuela, en un contexto donde mejorar la inversión y la gestión educativa se vuelve clave para garantizar el derecho al aprendizaje.
