El juez federal Sebastián Ramos libró un exhorto diplomático a los Estados Unidos con el objetivo de obtener la extradición del dirigente venezolano. El pedido busca que Maduro responda ante la justicia argentina en una causa que investiga sistemáticas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La medida responde a un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, quien impulsó el trámite tras la captura de Maduro en territorio estadounidense. El fiscal fundamentó que la presencia física del imputado en suelo norteamericano allana el camino para ejecutar la orden de captura internacional que la Cámara Federal de Buenos Aires emitió en septiembre de 2024.
El sustento legal del pedido
El magistrado Ramos basó su resolución en el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y los Estados Unidos el 10 de junio de 1997. El documento judicial exige la "detención y declaración indagatoria" del exmandatario bajo los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, que regula los plazos y formas del interrogatorio a personas sospechosas de participar en la comisión de un delito.
La querella en esta causa está integrada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD). Ambas organizaciones celebraron la celeridad del juez Ramos para formalizar un pedido que consideran histórico para la jurisprudencia regional.
Jurisdicción universal y alertas de Interpol
La competencia de los tribunales argentinos para investigar hechos ocurridos en Venezuela se apoya en el principio de jurisdicción universal. En 2024, la Cámara Federal porteña determinó que la ausencia de garantías procesales y de independencia judicial en el país caribeño habilita a otros Estados a juzgar crímenes atroces que afectan a la humanidad en su conjunto.
En ese fallo, los camaristas señalaron la existencia de pruebas suficientes sobre una estructura estatal destinada a la persecución y represión de opositores. Tras esa resolución, se activaron las alertas rojas de Interpol, las cuales ahora cobran operatividad práctica ante la detención de Maduro por parte de las autoridades de Washington bajo cargos de narcoterrorismo.
El pedido de extradición entrará ahora en una fase de revisión por parte del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si bien Maduro enfrenta cargos federales graves en ese país, el tratado de 1997 prevé mecanismos para que un detenido sea trasladado temporal o definitivamente a otra jurisdicción si existen causas pendientes por delitos de igual o mayor gravedad.
