La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que la Justicia solicitara formalmente las declaraciones juradas rectificadas del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.
El pedido fue realizado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien requirió a la Oficina Anticorrupción (OA) la entrega urgente de la documentación presentada recientemente por el funcionario nacional, en medio de las sospechas por presuntas inconsistencias patrimoniales.
La Justicia analiza las rectificaciones patrimoniales de Adorni
La medida judicial llegó pocas horas después de que Adorni reconociera públicamente que rectificó sus declaraciones correspondientes a los años 2023 y 2024, además de adelantar la presentación del período fiscal 2025.
Según explicó el propio funcionario en una entrevista televisiva, las modificaciones incluyeron fondos vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, operaciones que hasta ahora no figuraban en los registros oficiales.
En paralelo, también se habrían corregido presentaciones tributarias ante ARCA correspondientes a ejercicios fiscales previos.
El fiscal Pollicita busca verificar ingresos, gastos y bienes
Fuentes judiciales confirmaron que la documentación será incorporada a las causas que tramitan en Comodoro Py y que el contenido será contrastado con informes técnicos elaborados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
Ese organismo especializado trabaja sobre la reconstrucción patrimonial del jefe de Gabinete y analiza si existe correspondencia entre sus ingresos declarados, sus gastos, las adquisiciones realizadas en los últimos años y el crecimiento de su patrimonio.
La pesquisa apunta especialmente a determinar la trazabilidad de los fondos que Adorni aseguró haber obtenido mediante inversiones en criptomonedas.
Las inversiones en Bitcoin, bajo la lupa judicial
Durante su última aparición pública, Adorni sostuvo que comenzó a operar con Bitcoin en 2013 y que un año después realizó inversiones más importantes junto a su esposa.
Según relató, destinaron alrededor de 200 mil dólares provenientes de ahorros privados y obtuvieron ganancias cercanas a los 300 mil dólares. También reconoció que ese capital permaneció fuera del sistema formal durante años.
Ahora, los investigadores buscan establecer si esos movimientos financieros pueden acreditarse documentalmente y si la evolución patrimonial del funcionario resulta compatible con sus ingresos históricos.
En los tribunales federales sostienen que todavía persisten períodos donde “los números no cierran”, motivo por el cual la causa continúa avanzando.
Nuevos bienes y operaciones inmobiliarias
Dentro de las rectificaciones también aparecerían propiedades y activos que no habían sido incorporados originalmente.
Entre ellos figurarían ingresos obtenidos por la venta de un inmueble heredado en La Plata y de un terreno ubicado en Daireaux, ambos provenientes de una sucesión familiar.
Además, la Justicia analiza compras recientes, viajes y remodelaciones vinculadas al patrimonio del funcionario y de su entorno familiar.
Los expedientes judiciales mencionan la adquisición de un departamento en Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá, junto con gastos de remodelación que habrían alcanzado cifras millonarias.
Contradicciones con declaraciones previas
La situación también reavivó cuestionamientos sobre declaraciones anteriores de Adorni ante el Congreso y en conferencias de prensa oficiales.
En abril, durante su informe de gestión ante Diputados, el jefe de Gabinete había asegurado que todos sus bienes estaban correctamente informados y negó cualquier tipo de ocultamiento patrimonial.
Sin embargo, las recientes rectificaciones y el reconocimiento de fondos no declarados generaron nuevas críticas políticas y alimentaron las sospechas judiciales.
Qué puede pasar ahora en la causa
Una vez que el fiscal Pollicita reciba el informe técnico completo de la DAFI, podrá avanzar con un requerimiento formal de justificación patrimonial. Ese procedimiento constituye el paso previo a una eventual citación judicial para que el funcionario explique el origen de los fondos cuestionados.
Además de esta investigación, Adorni enfrenta otras causas vinculadas a posibles conflictos de interés y relaciones comerciales de empresas contratistas del Estado con firmas relacionadas a su entorno familiar. Mientras tanto, en Comodoro Py esperan que las nuevas declaraciones juradas permitan determinar si existen inconsistencias suficientes para profundizar las imputaciones.
