El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa de Agostina Páez para que pueda regresar a Argentina y afrontar desde su país de origen el proceso judicial por la denuncia de injuria racial que enfrenta en esa ciudad brasileña.
La postura fiscal fue dada a conocer tras la emisión de un dictamen en el que se argumenta que permitir el regreso de la abogada argentina durante la instrucción judicial podría debilitar el control del proceso y complicar la ejecución de una eventual condena, según la información a la que accedió Infobae.
"La autorización para que Páez regrese a su país durante la investigación perjudicaría el normal avance de la causa y debilitaría los controles jurisdiccionales", se expresa en la resolución. También se señala que legislación brasileña permite mantener la prohibición de salida del país mientras sea necesaria la presencia de la acusada, y la Fiscalía pidió que se mantenga esta restricción.
En paralelo, una fuente cercana a Páez informó al medio citado que "ya le queda poco dinero", porque desde el inicio del expediente la acusada está costeando su estadía con ahorros propios.
Su representante había solicitado el regreso de la letrada en virtud del Tratado de Transferencia de Personas Condenadas entre Argentina y Brasil. Sin embargo, la Fiscalía rechazó esta posibilidad bajo el argumento de que dicho tratado sólo se aplica tras una condena definitiva, con aceptación de ambas naciones y la persona condenada.
Asimismo, pidió al juez que rechace todas las solicitudes realizadas por la defensa y que se avance con rapidez tanto hacia la audiencia de instrucción como el juicio oral.
Todos los planteos de ambas partes
La defensa técnica de la argentina había objetado la validez del expediente, alegando supuestas manipulaciones en las pruebas digitales, desconocimiento de la acusada sobre la ilegalidad de su conducta y cuestionando la forma en que se sumaron los delitos atribuidos. También había denunciado parcialidad en algunos testimonios.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la denuncia está bien fundamentada, con hechos y víctimas claramente identificados, y que existen pruebas suficientes, como testimonios y videos, para continuar el proceso.
Respecto a las pruebas audiovisuales, la defensa pidió anular los videos y registros obtenidos tanto por empleados como por cámaras de seguridad del bar en Ipanema (donde ocurrieron los hechos), al señalar irregularidades en la cadena de custodia y posible manipulación.
La Fiscalía desestimó estos argumentos y afirmó que no se demostró adulteración ni recolección irregular y que el caso no depende de un solo video, sino de un conjunto de evidencias.
Además, la defensa sostuvo que su clienta no tuvo intención de cometer un delito ("dolo"), argumentando desconocimiento cultural sobre la normativa brasileña, pero el Ministerio Público descartó esta explicación. Según señaló en la resolución, la acusada fue advertida en el momento de que sus acciones constituían un delito y, a pesar de ello, persistió y agravó sus expresiones en público.
De hecho, el escrito, al que accedió Infobae, destaca que "la actitud de sus amigas, que buscaron contener las ofensas, demuestra que la propia acusada y su círculo sabían que lo que hacían era ilegal".
