La Justicia de la provincia de Córdoba imputó por abuso sexual infantil a Pablo Laurta, el hombre detenido por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra, y por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio.
Según precisaron fuentes judiciales, el fiscal resolvió imputarlo por “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”. El sospechoso, de nacionalidad uruguaya, permanece detenido mientras enfrenta múltiples causas penales en distintas jurisdicciones.
Laurta será juzgado en Córdoba por el femicidio de su expareja, Giardina Luna, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. En paralelo, la Justicia de Concordia lo mantiene procesado por el crimen de Palacio, el remisero oriundo de Buenos Aires que había sido contratado para trasladarlo, pero que fue asesinado durante el viaje.
De acuerdo con la investigación, el cuerpo del chofer fue hallado descuartizado en zonas rurales de Entre Ríos. Algunos restos fueron encontrados en un paraje cercano a Concordia, mientras que otras partes aparecieron en inmediaciones de la ciudad de Tala. El vehículo de la víctima fue localizado completamente incinerado en Córdoba.
Los investigadores sostienen que Laurta planificó cuidadosamente su recorrido para evitar controles de seguridad. Según la causa, ingresó al país desde Uruguay en canoa, eludiendo registros migratorios, y el 7 de octubre de 2025 abordó el Toyota Corolla del remisero a las 19:53.
Aunque el viaje tenía como destino la ciudad santafesina de Rafaela, el trayecto derivó en el asesinato del conductor y posteriormente en los femicidios en Córdoba, tras lo cual el acusado se llevó a su hijo de 5 años.
El sospechoso fue finalmente detenido en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba con el menor y donde se hallaron pertenencias del remisero. En ese momento, planeaba regresar a Uruguay.
En el marco de la causa que se tramita en Entre Ríos, la jueza Gabriela Seró dispuso inicialmente su prisión preventiva por 120 días, medida que fue extendida recientemente por otros 90 días. Antes de que se resolviera su situación procesal, el acusado expresó ante la prensa: “La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad”.
