La Sala II de la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito para Alberto Fernández en la causa conocida como Seguros, en la que se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun coincidieron en que es necesario realizar nuevas medidas de prueba antes de determinar si corresponde procesar nuevamente al expresidente o desvincularlo del caso. Esto ocurrió después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anulara la confirmación del procesamiento que pesaba sobre Fernández.
El fallo aclaró que la falta de mérito alcanza exclusivamente a Alberto Fernández y no modifica la situación procesal del resto de los empresarios y exfuncionarios involucrados en la investigación, la cual continuará bajo la órbita del juzgado federal que subroga Ariel Lijo.
Entre las nuevas medidas de prueba que se ordenaron figuran testimoniales y otros procedimientos para esclarecer cómo distintos organismos estatales contrataron pólizas a través de la intermediación del broker Héctor Martínez Sosa, amigo personal del exmandatario y uno de los principales señalados en el expediente.
El magistrado Farah emitió un voto en disidencia parcial, al sostener que el mismo criterio de falta de mérito aplicado a Fernández debería extenderse a Martínez Sosa. Argumentó que si no se puede probar que las acciones del expresidente facilitaron el crecimiento de los negocios del broker con el Estado, entonces debe revisarse la responsabilidad atribuida a otros implicados, como los funcionarios de Nación Seguros.
Ahora será responsabilidad del juez Lijo avanzar con las medidas pendientes y resolver nuevamente la situación procesal de Alberto Fernández, mientras la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo mantiene la postura de sostener el procesamiento del exmandatario.
Como surgió la causa
La causa se originó a partir del decreto 823/2021, firmado durante el gobierno de Fernández, que estableció la obligatoriedad para organismos y ministerios nacionales de contratar pólizas mediante Nación Seguros. Según la acusación judicial, este esquema permitió un sistema de intermediación en el que brokers privados cobraron millonarias comisiones.
El expediente detalla que se celebraron 45 contratos con la participación de 25 intermediarios. En particular, se enfocó en Martínez Sosa, quien concentró casi el 60% de las comisiones pagadas en operaciones vinculadas al Estado.
Además, Martínez Sosa es esposo de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández, lo cuál para los investigadores fue un vínculo clave para fundamentar las sospechas de negociaciones incompatibles.
Los camaristas también destacaron un “relevante incremento” en los negocios del broker en comparación con períodos anteriores, con un monto aproximado de 2.250 millones de pesos liquidados entre organizadores y productores.
La acusación original, impulsada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo, sostiene que entre 2019 y 2023 los imputados actuaron coordinadamente para direccionar contratos de seguros estatales a través de intermediarios privados.
