Una jueza federal de Boston, Allison Burroughs, tomó la decisión de bloquear temporalmente la revocación de la certificación SEVIS a la Universidad de Harvard, medida impuesta por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Esta acción del gobierno, que amenazaba con expulsar a estudiantes internacionales, fue considerada como un acto de represalia.
La universidad había interpuesto una demanda argumentando que se trataba de "el último acto del gobierno en clara represalia por el ejercicio de los derechos de Harvard, amparados por la Primera Enmienda".
En este contexto, la revocación del programa SEVIS impediría que la institución pudiera recibir a alumnos extranjeros con visados F o J para el curso académico 2025-2026, lo que pondría en riesgo el futuro de miles de estudiantes que aportan recursos valiosos a la universidad.
Harvard, cuya población estudiantil internacional supera el 25%, se enfrenta a la presión de la administración Trump, que ha expresado su descontento con la universidad por no aceptar sus condiciones sobre supervisión en admisiones y contrataciones.
El presidente Trump ha manifestado su enojo y su administración ya había bloqueado 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos oficiales, además de haber deportado a un investigador de la Facultad de Medicina de Harvard.
Alan Garber, presidente de Harvard, calificó como "ilegal e injustificada" la acción del gobierno, reafirmando la importancia de la libertad académica y la diversidad en la educación superior. La suspensión de la medida del gobierno estará vigente hasta que se realice una audiencia preliminar el 29 de mayo.
