La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se enfoca en el circuito financiero que habría facilitado el movimiento, ocultamiento y blanqueo de fondos provenientes de supuestas coimas y sobreprecios en contrataciones públicas.
Con el secreto de sumario levantado, la Justicia profundiza la pesquisa sobre intermediarios, financieras y empresas que podrían haber sido utilizadas para canalizar operaciones ilegales, según publicó TN. El fiscal Franco Picardi apunta especialmente al lobista Miguel Ángel Calvete, quien supuestamente intervino para que un reducido grupo de droguerías obtuviera contratos millonarios en el organismo.
Según el dictamen, Calvete entregaba sumas importantes a Alan Pocoví, pieza fundamental en la presunta operatoria de lavado de dinero. Ambos movilizaban con frecuencia grandes montos en moneda nacional y extranjera, y parte de esos fondos habrían sido invertidos en criptomonedas a través de la aplicación “NEBLOCKSHAIN”.
En el esquema también aparece Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, con un rol operativo clave: recibía cheques de las empresas y se los remitía a Pocoví para facilitar la movilización de los recursos. La pesquisa llevó a la empresa Neblockchain S.A., que podría ser Finanzas Sur, vinculada al empresario Ariel Vallejo y allanada para secuestrar documentación relacionada.
Se sospecha que Pocoví habría colocado parte del dinero de las coimas y sobreprecios dentro de Finanzas Sur, en un incidente reservado dentro del expediente. Otro investigado es Sergio Mastropietro, señalado como posible engranaje para lavar fondos.
El expediente detalla que Mastropietro visitó junto a Calvete y Muñoz el country de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y figura central de la causa. El 27 de agosto, Mastropietro envió a Spagnuolo una imagen con información de una cuenta bancaria a nombre de Baires Fly S.A., empresa vinculada a él.
Las droguerías Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Droguería Profarma S.A. transfirieron casi $100 millones a Baires Fly, y Mastropietro le remitió a Calvete tres facturas, una por cada firma, con la descripción “por compras de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de empresas”. Se presume que esta fue una maniobra para lavar dinero.
En paralelo a la reconstrucción del entramado financiero, la agenda judicial avanza con declaraciones. Esta semana declararon, sin responder preguntas, Spagnuolo y Daniel María Garbellini, exnúmero dos de ANDIS. El 28 de noviembre está previsto que declare Lorena Di Giorno, antes de una serie de citaciones en diciembre que incluyen a Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo.
Las indagatorias cerrarán con las citaciones de Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, entre el 1 y el 5 de diciembre.
El caso se divide en dos ejes principales: el presunto direccionamiento de contratos por un total aproximado de $40.000 millones a favor de las droguerías Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, y un esquema de coimas que habría operado dentro y fuera de la estructura formal del organismo.
