La Corte Suprema de Justicia de Paraguay dio un nuevo paso en la causa que involucra al exsenador argentino Edgardo Kueider al rechazar un recurso presentado por su defensa para frenar el avance del proceso penal en su contra. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme la elevación a juicio oral, que comenzará en abril del año próximo, mientras sigue pendiente la resolución sobre su eventual extradición a la Argentina.
La definición estuvo a cargo de la Sala Penal, integrada por los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera. Los jueces consideraron que el planteo impulsado por los abogados defensores no cumplía con los requisitos legales necesarios para ser admitido, por lo que descartaron avanzar en su análisis.
Las acusaciones
Según el criterio del tribunal, los letrados intentaron reabrir una discusión ya saldada en instancias anteriores, mediante una vía procesal que no está contemplada en el ordenamiento jurídico paraguayo. En ese sentido, los magistrados entendieron que se trataba de un intento de “apelación de una apelación”, lo que tornó inadmisible el recurso desde el punto de vista técnico.
Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, están acusados de contrabando en grado de tentativa. La investigación se inició tras un episodio ocurrido en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando ambos fueron interceptados al intentar ingresar a Paraguay desde Brasil con una suma cercana a los 200 mil dólares que no había sido declarada ante las autoridades aduaneras. Desde entonces, permanecen bajo el régimen de detención domiciliaria.
La estrategia defensiva apuntaba a invalidar la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal y obtener el sobreseimiento definitivo de los imputados. Además, los abogados solicitaron que se excluyeran como prueba los registros fílmicos del operativo que derivó en la detención, donde quedó documentado el control vehicular y el hallazgo del dinero.
Sin embargo, tanto el juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos como una sala superior ya habían rechazado esos pedidos. La Corte, al ratificar esas decisiones, advirtió que aceptar el planteo hubiera significado habilitar un uso abusivo de los recursos judiciales, con el riesgo de demorar indefinidamente el desarrollo de los procesos penales, en contradicción con los principios de economía procesal y buena fe.
Con el rechazo del recurso, quedó confirmada la fecha del juicio oral, fijado para el lunes 20 de abril de 2026, luego de varias postergaciones. El delito que se le imputa a Kueider contempla una pena máxima de dos años y medio de prisión, que en Paraguay implica cumplimiento efectivo en caso de condena.
Escenario complejo en Paraguay y Argentina
En paralelo, el exsenador enfrenta un complejo escenario judicial tanto en Paraguay como en la Argentina. Ante la Corte paraguaya también presentó un planteo vinculado al procedimiento de extradición solicitado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Esa causa se desprende del expediente conocido como “Securitas”, donde se analiza un presunto esquema de pago de sobornos por parte de una empresa de seguridad privada para asegurarse contratos con organismos estatales. Entre ellos figura la empresa energética entrerriana Enersa, y la magistrada vinculó a Kueider a partir de mensajes hallados en el teléfono de uno de los imputados.
A este cuadro se suman investigaciones en Entre Ríos por presunto enriquecimiento ilícito, en las que se analiza un patrimonio que incluiría propiedades de alto valor registradas a nombre de una sociedad comercial vinculada al exlegislador y a personas consideradas posibles testaferros. La coexistencia de expedientes en distintas jurisdicciones derivó en un conflicto de competencia que ahora deberá resolver la Corte Suprema argentina.
