Dos días después de la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la Justicia ordenó reforzar los controles migratorios para impedir cualquier intento de fuga de la ex mandataria. El principal temor radica en la posibilidad de que se traslade a un país sin tratado de extradición con Argentina, como Cuba.
El tribunal responsable de la sentencia busca garantizar el cumplimiento efectivo de la pena en el país, luego del fallo de la Corte Suprema. Por ello, emitió un comunicado instruyendo un mayor control en migraciones, con el objetivo de prevenir cualquier movimiento que pueda interpretarse como una maniobra especulativa, mientras la expresidenta espera un posible cambio de escenario político que la favorezca.
Proceso judicial y pedido de prisión domiciliaria
Tras conocer la confirmación de su condena, Cristina Kirchner solicitó cumplir la pena bajo arresto domiciliario en su vivienda, un departamento ubicado en el barrio de Constitución. Donde saluda a militantes y dirigentes políticos. La petición fue presentada por su abogado, Alberto Beraldi, y actualmente está siendo evaluada por el fiscal del juicio, Diego Luciani, quien cuenta con un plazo de tres días para pronunciarse al respecto. Luego, el juez Jorge Gorini será el encargado de tomar una decisión definitiva.
Como parte del procedimiento, el juez pidió la realización de un estudio socioambiental detallado sobre la residencia donde la ex presidenta pretende cumplir la condena. Kirchner se mudó a ese domicilio después del atentado que sufrió en 2022 en su hogar de Recoleta, lo que la convierte en una figura con "estándares especiales" en materia de seguridad.
Mientras se analiza la viabilidad de la prisión domiciliaria, el Ministerio de Seguridad también está evaluando qué instituciones podrían albergarla en caso de que deba cumplir la pena en una unidad penitenciaria, considerando su rol como ex presidenta y ex vicepresidenta.
Otro de los efectos de la sentencia es la prohibición de Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos en el país. Al haber sido condenada por fraude al Estado, queda automáticamente excluida de cualquier postulación, incluyendo su posible candidatura como legisladora de la Provincia de Buenos Aires.
