La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) se convirtió en el centro de una polémica nacional tras declarar que “no creía que los niños argentinos tuvieran derecho a venir al Garrahan a ser curados”. La frase, pronunciada durante el plenario de comisiones que debatía la Ley de Emergencia Pediátrica, generó un repudio transversal y obligó a la legisladora a pedir disculpas públicas durante la sesión en el Senado.
“Si mi frase ha sensibilizado a padres y pacientes de ese hospital de excelencia, les pido mis más sinceras disculpas. No fue mi intención”, expresó. Reconoció que sus palabras fueron “muy desafortunadas” y se mostró dispuesta a reunirse con las familias afectadas para explicar su postura.
Federalismo sanitario y tensión política
Más allá del pedido de perdón, Álvarez Rivero no modificó su voto: fue una de las ocho senadoras que se opusieron a la ley, junto al bloque de La Libertad Avanza. En su intervención, reafirmó que “la salud es responsabilidad provincial” y que el Estado Nacional debería limitarse a establecer “un marco regulatorio”. Para la senadora, el problema no es que los niños viajen a Buenos Aires, sino que no puedan ser atendidos en sus provincias con estándares similares.
“La solución no es que un niño cordobés tenga que viajar a CABA. La solución es que sea atendido en Córdoba y que esa atención la financien los cordobeses con sus impuestos”, sostuvo. También advirtió que la superposición de competencias entre Nación y provincias “nos va a costar más plata y menos eficiencia”.
La ley fue aprobada por 62 votos afirmativos y 8 negativos. Declara la emergencia pediátrica por un año y autoriza la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial. También ordena la recomposición salarial del personal de salud pediátrico y exime del Impuesto a las Ganancias a quienes realicen actividades críticas, guardias y horas extras.
Como gesto simbólico, se declaró al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como hospital de referencia nacional para la atención pediátrica de alta complejidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal estimado para lo que resta del año sería de $65.573 millones.
Álvarez Rivero insistió en que su intención era abrir un debate sobre el ordenamiento del sistema de salud, no cuestionar el derecho de los niños a recibir atención. “Todos los chicos tienen derecho a una salud de calidad. El problema es que muy poquitos pueden ejercer ese derecho viajando a CABA”, concluyó.
