A pocos días del ballotage, la Junta Nacional Electoral de la Capital Federal mantiene una situación de tensión con una de las fuerzas que pugna por quedarse con el sillón de Rivadavia: La Libertad Avanza (LLA). Las autoridades declararon este mediodía que la posible falta de sus boletas en las mesas de votación este domingo será de “exclusiva responsabilidad” de la fuerza política.
A su vez hicieron énfasis de que es LLA quien deberá reponer y distribuir las boletas en caso de faltantes durante la jornada electoral. Esta advertencia va firmada por la jueza federal con competencia electoral, María Servini; el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán; y el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sebastián Picasso.
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El organismo argumentó su resolución en la poca cantidad de boletas que entregaron en los últimos días. El pasado 2 de noviembre, la Junta Electoral de la Capital Federal había establecido que cada agrupación política debía proporcionar 10.000 paquetes de boletas, con un mínimo de 100 y un máximo de 350 boletas por paquete. La coalición oficialista, Unión por la Patria, sí hizo entrega de esa cantidad, pero La Libertad Avanza entregó 10.000 paquetes con el mínimo pedido, entre 100 y 150 boletas cada uno, además de 1.000 paquetes con menos de 100 boletas, por debajo de lo pedido.
De acuerdo al acta emitida “dicha situación no favorece al mejor desarrollo de los comicios, toda vez que con las boletas acompañadas solo se cubrirán las expectativas de votos de 100 a 150 electores por mesa, sobre un padrón de 350 electores. En virtud de ello, corresponde a esta Junta extremar los recaudos necesarios en torno al procedimiento de boletas de contingencia, acrecentando la cantidad de paquetes a remitir a cada una de las comisarías”.
La justificación de Milei para la poca cantidad de boletas entregadas es que pueden ser robadas al comienzo de la jornada electoral y que sus fiscales las repondrán en la medida que se acaben. Desde la fuerza libertaria aseguraron que “están bastante cubiertos” respecto de la cantidad de fiscales. Para la fiscalización, luego de su alianza con Juntos por el Cambio, Milei contará con el apoyo del PRO.
Desde la Junta Electoral aseguran que “el comicio no se suspenderá y se seguirá lo que dice el artículo 99 del Código”. Es decir: “Las elecciones no podrán ser interrumpidas y en caso de serlo por fuerza mayor se expresará en acta separada el tiempo que haya durado la interrupción y la causa de ella”. La Junta Electoral notificó a La Libertad Avanza de estas medidas de manera “urgente”.
En paralelo, La Libertad Avanza (LLA) presentó un reclamo en el que “personas en redes sociales” informaron “irregularidades”, durante las elecciones de octubre, que podrían ser calificados como fraude. La presentación judicial fue realizada por Karina Milei, hermana y principal asesora de Javier, y Santiago Viola, apoderados de LLA junto con Karina. Ambos denunciaron una maniobra de “trampa” y “fraude colosal” en la que estaría involucrada la Gendarmería Nacional para “alterar los resultados” en las actas, en complicidad con jefes regionales y a cambio de dinero. En relación a esto, solicitaron custodia especial de las urnas, a lo que la jueza María Servini, con competencia electoral, ratificó que las fuerzas de seguridad ya intervienen en el operativo.
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Cabe aclarar que las actas de escrutinio van en un bolsón precintado y las urnas salen fajadas de los lugares de votación, y el Correo Argentino interviene en todo ese proceso. Desde la Justicia Electoral manifestaron que Gendarmería solo custodia el traslado.
Desde LLA argumentaron que en las elecciones de octubre, ya con las mesas de votación cerradas, la Gendarmería “cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican (el resultado) en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”, en presunta complicidad con los jefes regionales. Las denuncias que habría recibido LLA por este delito son anónimas.
La fuerza libertaria argumenta que dichas irregularidades se dieron en mesas porteñas, en la provincia de Buenos Aires, en Chaco, y Tucumán, las cuales, consideran, son “las provincias más beneficiadas por el planes sociales”, sumado a Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y “seguramente en otras dos provincias”.
Por su parte, la jueza con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini de Cubría, descartó posibilidad de fraude en las elecciones 2023. “En la Argentina no se puede decir que hay posibilidad de fraude, son elecciones serias”.
“No descarto, ya le digo, que en alguna urna se pueda producir cierta alteración de los votos, pero tiene que ser algo que esté arreglado con autoridad de mesa, con los fiscales, es realmente muy poco probable que eso suceda exactamente porque acá somos los jueces los que estamos a cargo de cada elección», declaró la magistrada a La Nación.
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