La causa penal que desarticuló una organización dedicada a la falsificación de títulos, usurpación de matrículas y atención médica clandestina en el partido de La Matanza dio un giro dramático. Al menos 30 establecimientos educativos de la región se presentaron ante los estrados judiciales para denunciar que habían suscripto convenios corporativos de "área protegida" y cobertura de emergencias médicas con empresas satélites vinculadas a la clínica trucha "Argentina Salud", con sede central en González Catán.

El ingreso de las instituciones educativas al expediente, coordinado por el fiscal Fernando Garate y el juez de garantías Rubén Ochipinti, expande de forma exponencial la escala del fraude. De acuerdo con las auditorías preliminares de los contratos, varios colegios ya habían desembolsado por adelantado el canon anual correspondiente al ciclo lectivo 2026. Las cláusulas comerciales descubiertas revelan un esquema de estafa usuraria: las escuelas abonaban tarifas de $1,3 millones de pesos empaquetadas en cuotas de apenas 50 llamados de auxilio médico.

Ambulancias particulares y certificados con sellos robados

La operatoria dentro de los colegios expuso la total desprotección de las comunidades educativas. Según consta en las actas policiales, ante eventos de accidentes escolares o descompensaciones de menores, la empresa enviaba ambulancias sin habilitación o incluso vehículos particulares conducidos por personas sin titulación académica habilitante.

Al concluir las intervenciones en los establecimientos, los supuestos profesionales completaban planillas de asistencia y certificados de reposo utilizando sellos de médicos matriculados que no tenían la menor relación con la firma y que, en muchos casos, ya habían radicado denuncias previas por el robo de su identidad profesional. Los investigadores sospechan que esta red operó bajo la total impunidad territorial durante al menos cinco años en localidades como Virrey del Pino, San Justo y Canning.

Las confesiones que acorralan a la organización

El avance de las declaraciones indagatorias terminó de desmoronar la estrategia de la cúpula de la organización criminal. Dos testimonios clave ante la fiscalía detallaron la ruta de los sellos falsificados:

• Dunia Mercedes Suazo Pulido: La ciudadana de nacionalidad cubana, actualmente bajo prisión preventiva, admitió ante los funcionarios judiciales carecer de la reválida de su título para ejercer la medicina en la República Argentina. Confesó que atendía niños y adultos utilizando el sello robado de otra profesional, el cual le era entregado al inicio de cada jornada por el presunto líder de la banda, Alberto Santarceri.

• Carlos Covarrubias: El imputado de origen boliviano reconoció ante el fiscal Garate que prestaba servicios de guardia médica de 24 horas a cambio de un pago informal de 80 mil pesos. Covarrubias admitió que concurría a los colegios matanceros a atender emergencias en ambulancias de la firma portando certificados médicos previamente sellados por terceros.

Tanto Suazo Pulido como Covarrubias coincidieron en que los elementos de validación profesional eran administrados de forma centralizada por Sofía Luna, esposa del dueño de la clínica, quien exigía la devolución de los sellos al concluir cada turno operativo.

El saldo de los megaoperativos policiales arrojó la detención de 29 personas. El núcleo duro de la organización está compuesto por Alberto Santarceri, Sofía Luna, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri y Gabriel Musse, mientras que otros 23 individuos permanecen supeditados a la causa en calidad de partícipes secundarios. Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad incautaron valijas repletas de sellos de diferentes especialidades, equipamiento informático sofisticado y una flota de vehículos de alta gama que circulaban con patentes clonadas o adulteradas.