La justificación de José Luis Espert sobre los US$200.000 recibidos en 2020 de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, propiedad de Federico "Fred" Machado, se desmorona ante las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP) y diputados locales de Guatemala. Los informes revelan que, en el momento del contrato, la empresa de Machado funcionaba como una "pantalla" y era parte de un esquema de extracción ilegal de oro y narcotráfico.
El ahora Diputado de La Libertad Avanza había aceptado el pago (parte de un contrato de un millón de dólares por asesoría) a una empresa que, en los hechos, no tenía actividad económica legalmente registrada. Las investigaciones son aún más contundentes.
La mina “La Meca I”
El principal sitio minero de la compañía, llamado La Meca I y ubicado en Alta Verapaz, había sido adquirido por Machado en 2019 con licencias para extraer zinc, plomo y plata. Sin embargo, las investigaciones guatemaltecas son contundentes: "Nunca extrajo nada de ahí". Según el exdiputado guatemalteco Carlos Barreda, quien investigó el caso, “descubrimos que Minas del Pueblo estaba a cargo de él (Machado) y no había explotación de nada, todo era una pantalla”.
En lugar de minería legal, Machado utilizaba la pista aérea del lugar para aterrizar aviones con cocaína y para sacar oro extraído ilegalmente de otro sitio conocido como El Pato. La conexión con la minería ilegal se destapó tras la denuncia de un alcalde local en 2020. La pesquisa determinó que Minas del Pueblo utilizaba camiones de su propiedad para sacar oro de otra mina, El Pato, de la cual Machado ni siquiera era dueño ni tenía permiso de explotación.
La investigación guatemalteca concluyó que Machado dirigía un esquema de extracción ilegal de oro en Chiquimula y transportaba el material por tierra hasta La Meca I. Si los US$200.000 que recibió el diputado Espert provinieron de esta actividad, el origen de los fondos sería ilegítimo: dinero generado por minería no autorizada y sin permiso para comercializar el oro extraído.
La huella de Federico Machado y su hermano Gastón en el país centroamericano, sumada a la captura posterior de una funcionaria de gobierno relacionada con ellos, subraya la complejidad de la red criminal que ahora amenaza con salpicar directamente el financiamiento de figuras políticas en Argentina.
