La fiscal Betina Lacki investiga a los líderes del Movimiento Ciudadano La Capitana por presuntos abusos sexuales y maniobras de tipo sectario. Lo que comenzó como un expediente aislado reveló una red de protección y desidia que permitió a los acusados ganar peso político en el Senado provincial mientras acumulaban víctimas desde 2014.El r
Según publicó Infobae, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia, Estela Díaz, reconoció que las acusaciones contra la pareja "circulaban como rumor" desde su asunción en 2019. Sin embargo, la cartera estatal tomó intervención formal recién en octubre de 2024. La demora del Estado para accionar contra Rodríguez y Silva Muñoz permitió que los sospechosos mantuvieran sus cargos en la Legislatura y participaran en actos oficiales, incluso con órdenes de alejamiento vigentes.
La política de "denunciar primero para auxiliar después" que aplicó el Ministerio recibió fuertes críticas de sectores del feminismo. Alegan que este protocolo dejó a las víctimas en una "vía muerta" legal y facilitó que los agresores continuaran en sus puestos de poder hasta su reciente captura.
El rol de Melina Gaudino
Según la investigación de Infobae, la pieza clave para garantizar la impunidad de la organización fue Melina Gaudino, conocida hoy como la "falsa abogada". Gaudino cumplió un rol perverso: engañó a las víctimas con la promesa de representación legal: Inventó intervenciones judiciales y escritos que nunca existieron para convencer a las damnificadas de que sus causas avanzaban; a pesar de carecer de formación académica, ocupó cargos directivos en el Ministerio de Seguridad (bajo la gestión de Sergio Berni), en la Municipalidad de La Plata y en la UTN y por último, utilizó supuestos vínculos familiares con el Poder Judicial para blindar a los líderes de La Capitana de cualquier investigación real.
A pesar de que Estela Díaz negó una alianza formal, existen registros de la agrupación en la inauguración de su unidad básica en Ringuelet en 2025. Los acusados también compartieron espacios públicos con la plana mayor de la dirigencia peronista local en actos de alta visibilidad, como la vigilia del 2 de abril y movilizaciones por la Noche de los Lápices.
El grupo contaba además con el "madrinazgo" de Giselle Fernández (hermana de la ex presidenta Cristina Kirchner), una figura que los agresores utilizaron para legitimar su presencia en el armado político de la capital provincial.
El avance de la causa judicial
La fiscal Lacki solicitó la unificación de todos los expedientes para abordar el caso como un esquema de abuso sistemático. El foco de la Justicia ahora se centra en dos frentes: La responsabilidad penal, que implica determinar el grado de participación de Rodríguez y Silva Muñoz en los delitos contra la integridad sexual. Por otro lado, la complicidad administrativa, que incluye investigar cómo una mujer sin título de abogada pudo escalar en la administración pública y si existió una red deliberada para encubrir a los líderes de la presunta secta.
