Lo que comenzó como una alerta por la desaparición de una niña de 12 años embarazada en el norte de Santiago del Estero, terminó por destapar un escenario de horror en el corazón de Villa Ballester. El caso, que cruza el abuso sexual infantil con las sombras de la medicina clandestina, mantiene hoy a la Clínica Santa María bajo custodia policial y a una ONG de Palermo bajo la lupa federal.

La investigación dio un vuelco dramático cuando la Superintendencia de Delitos Complejos de la Bonaerense localizó a la menor y a su madre en el centro médico de la calle Santiago del Estero al 5400. El director sanitario intentó negar su presencia, pero la evidencia fue irrefutable: la niña estaba allí y ya había dado a luz. Sin embargo, el bebé no aparecía.

Qué pasó durante el allanamiento

Durante el allanamiento ordenado por la UFI N°7 de San Martín, los peritos se toparon con una imagen tétrica: ocho fetos humanos ocultos en bolsas de residuos. Dos de ellos presentaban signos de desmembramiento, una técnica utilizada en interrupciones de embarazos muy avanzados. El hallazgo no solo complicó la situación administrativa de la clínica, que carecía de protocolos para residuos patogénicos, sino que abrió la puerta a una sospecha mayor: ¿eran restos de abortos legales o pruebas de una red de sustracción de bebés?

Ante el escándalo, la Fundación CIGESAR, presidida por el médico Damián Levy, rompió el silencio. A través de un comunicado, la organización, que se dedica a la salud reproductiva, admitió haber financiado el traslado de la menor desde Santiago del Estero para realizarle una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) bajo la Ley 27.610.

La ONG argumentó que la Clínica Santa María solo prestó el quirófano y que el procedimiento se ajustó a derecho dado que el embarazo era producto de una violación. No obstante, la justicia santiagueña reclama que el traslado de la niña (más de 1.100 kilómetros) se hizo de forma inconsulta, "puenteando" el sistema público de salud y dificultando la obtención de pruebas de ADN para capturar a los abusadores en Monte Quemado.

Las tres incógnitas que quitan el sueño a los fiscales

A pesar del descargo de la fundación, el juez federal Juan Manuel Culotta mantiene la causa bajo la carátula de Posible Trata de Personas y Sustracción de Menores. El foco está puesto en tres puntos críticos:

El destino del recién nacido: La madre de la niña declaró no saber si el bebé nació vivo o muerto. Si el ADN de los fetos hallados no coincide con la menor, la hipótesis de que el bebé fue "entregado" ganará una fuerza devastadora.

La sistematicidad: ¿A quiénes pertenecen los otros siete fetos? La falta de registros claros sugiere que la clínica funcionaba como un centro de disposición de restos biológicos fuera de todo control estatal.

La logística del traslado: Investigar cómo una menor de 12 años cruzó varias provincias sin controles policiales ni órdenes judiciales de traslado para terminar en un quirófano alquilado del conurbano.

En los próximos días, las pericias de necropapiloscopía y los cotejos genéticos determinarán si los restos hallados nacieron con vida. Ese resultado será la frontera entre una irregularidad administrativa de una ONG o una causa por homicidio y trata de personas. Mientras tanto, la niña y su madre permanecen bajo asistencia social, lejos del Impenetrable santiagueño donde comenzó este calvario, y lejos de la clínica que hoy es el centro de todas las sospechas.