Durante los operativos en la falsa clínica de González Catán, los investigadores detectaron rastros de documentación incinerada. Para la fiscalía, se trata de una maniobra de descarte para eliminar evidencia sensible, como historias clínicas, recetarios y registros de pacientes que podrían haber comprometido legalmente a los responsables.
Los operativos se extendieron a varios puntos estratégicos, entre ellos sedes de una obra social, clínicas, consultorios, depósitos y viviendas particulares. En estos lugares se incautó mercadería valuada en más de 80 millones de pesos, lo cuál evidenció la magnitud de la red.
Una red de ambulancias y los fondos que sostenían el esquema
Una de las revelaciones más impactantes fue el descubrimiento de un conjunto completo de ambulancias y otros vehículos con la imagen de la empresa, que eran usados para traslados sin contar con la habilitación oficial correspondiente. Esta apariencia profesional facilitaba el engaño a los pacientes, quienes creían acudir a centros de salud legítimos.
La investigación también destapó un vínculo con actividades ilícitas previas: parte de los fondos que sostenían esta estructura provenían de la piratería del asfalto, es decir, el robo de camiones con mercadería que luego era comercializada para financiar la red y blanquear ingresos.
En total, se detuvo a 29 personas, aunque solo seis permanecen detenidas como principales responsables. Entre ellos se encuentran familiares y personas con antecedentes en delitos similares, incluso vinculados a homicidios.
Según los investigadores, esta organización operó durante al menos cinco años, construyendo una red clandestina de servicios de salud sin controles oficiales y con múltiples irregularidades que ponían en riesgo a la población.
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