En medio de la protesta contra la reforma de la Ley de Emergencia en Discapacidad, se registraron incidentes frente a la Casa Rosada cuando la Policía Federal desalojó a familiares y personas con discapacidad que intentaban instalar un acampe. Según las imágenes difundidas por TN, los manifestantes habían levantado un gacebo como símbolo de la protesta, pero los efectivos recibieron la orden de retirarlo.
Tras forcejeos y empujones, incluso contra personas en sillas de ruedas, el operativo terminó con el desalojo. Los manifestantes denunciaron violencia y remarcaron que la protesta era pacífica: “No tenemos armas, no estamos haciéndole nada a nadie, reclamamos por nosotros y por todos”.
La aprobación de la ley y su futuro
La tensión se da en el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por el Congreso el 4 de septiembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 22 de septiembre de ese mismo año. La norma declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Sin embargo, el Poder Ejecutivo manifestó su intención de no promulgarla en los términos originales y avanzar con una reforma que limite su alcance y reoriente los recursos hacia programas focalizados.
El Gobierno argumenta que la ley genera un “impacto fiscal excesivo” y busca reemplazarla por un esquema de asistencia más controlado. El Ministerio de Capital Humano trabaja en un proyecto alternativo que apunta a reducir la cobertura generalizada y concentrar los fondos en programas específicos, con mayor control en la asignación de recursos. Organizaciones y familiares, en cambio, denuncian que la reforma implicaría un recorte de derechos adquiridos y una reducción en la cobertura de prestaciones esenciales.
Adorni, Jefe de Gabinete, señaló que el plan oficial es compatibilizar la ley con el equilibrio de las cuentas públicas, y que la reforma se incluirá dentro de un paquete legislativo más amplio que también contempla cambios en otras áreas, como el Código Penal y regulaciones vinculadas a la propiedad privada.
El funcionario insistió en que el Gobierno no desconoce la importancia de atender las necesidades de las personas con discapacidad, pero remarcó que el esquema aprobado por el Congreso “no es viable” en términos presupuestarios. Por eso, el proyecto que se enviará busca rediseñar el alcance de la emergencia, con un esquema más acotado y controlado en la asignación de recursos.
En paralelo, Adorni defendió la postura del Ejecutivo de no promulgar la ley en los términos originales y adelantó que la discusión se dará en el Parlamento, donde el oficialismo intentará que se apruebe la versión reformulada.
La Justicia ya intimó al Ejecutivo a cumplir la norma vigente y fijó como fecha límite el 4 de febrero de 2026 para su implementación. En ese contexto, las organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad sostienen que el Gobierno busca dilatar la aplicación de la ley y modificarla antes de que entre en plena vigencia.
El conflicto se trasladó a las calles. La protesta frente a la Casa Rosada es parte de una serie de movilizaciones que buscan visibilizar la situación y exigir que se respete lo aprobado por el Congreso. Los manifestantes remarcan que la emergencia fue votada por amplia mayoría y que responde a una necesidad concreta: garantizar el acceso a prestaciones médicas, educativas y sociales para un sector de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
