La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguiendo instrucciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó una solicitud ante el Tribunal Oral Federal N°2, expresando su preocupación por el impacto que tendría una eventual prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner en su residencia de San José 1111. En plena Ciudad de Buenos Aires.
En el documento, el Gobierno porteño advierte sobre los efectos negativos que implicaría la medida, señalando que afectaría gravemente la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad y tránsito. Además, mencionan que, desde la confirmación de la condena contra la exmandataria, se han registrado concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y sobrecarga operativa, lo que podría intensificarse si se habilita el arresto domiciliario.
Argumentos técnicos y medidas excepcionales
La presentación incluye informes técnicos que sostienen que un dispositivo de custodia permanente alteraría de manera sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y el funcionamiento general del macrocentro porteño.
Ante esta situación, el gobierno porteño solicitó que, si se concede la prisión domiciliaria en el departamento ubicado en la calle San José, se implementen medidas excepcionales para garantizar el orden público y la prestación de servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales.
La postura de los fiscales
Por otro lado, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, argumentando que la solicitud no cumple con los requisitos para ser concedida. Pedido que el Tribunal desatendió.
Ambos fiscales descartaron los argumentos de seguridad y edad presentados por la defensa, subrayando que la prisión domiciliaria no debe otorgarse automáticamente por el solo hecho de que el condenado cumpla alguna de las condiciones establecidas por la ley.
Uno de los puntos clave que expusieron es que no existen razones humanitarias que justifiquen la aplicación de una medida excepcional como la detención en el hogar. “La privación de libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”, argumentaron.
También refutaron la solicitud basada en la edad de la ex presidenta, sosteniendo que la edad es un requisito necesario pero no suficiente para conceder el beneficio. Los fiscales solicitaron que Cristina Kirchner utilice una tobillera electrónica durante todo el proceso y esté sujeta a estrictas normas de control y seguimiento, garantizando condiciones de seguridad, integridad y dignidad.
