La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia por la demanda de la provincia de Buenos Aires sobre la deuda previsional del ejecutivo nacional, en la que participaron representantes de ambos gobiernos.
El Gobierno de Axel Kicillof reclama más de 2,2 billones de pesos en concepto de fondos destinados al financiamiento del sistema jubilatorio provincial que no fueron transferidos a la ANSES. Durante la audiencia, se expusieron los argumentos de la Provincia y se abrió una instancia de negociación con Nación, según informó el Ministro de Economía bonaerense en un comunicado oficial.
La administración provincial había iniciado la causa ante la Corte, por eso, además del ministro, Pablo López, asistió el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez.
De acuerdo al escrito mencionado, luego de la reunión, López afirmó: "El Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento".
Esta demanda es solo una de las siete que el gobierno bonaerense mantiene con el Estado nacional. Desde el gobierno encabezado por Axel Kicillof, estiman que el monto total de las deudas por transferencias no automáticas y obras paralizadas es de $15,6 billones.
Algunos de los reclamos adicionales son: el recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (correspondiente al área de seguridad), la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte del Interior y la interrupción del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo cuál impacta en los salarios del sector.
"Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses obligan a la Provincia a hacer un esfuerzo enorme para sostener las funciones básicas del Estado", aseguró López, y añadió que continuarán insistiendo para recuperar los recursos.
Fuentes de la administración bonaerense señalaron a Todo Noticias que actualmente atraviesan una baja en la recaudación, asociada con la recesión económica, y eso agrava el impacto de los recortes en las transferencias nacionales.
Asimismo, cuestionaron el esquema de coparticipación federal al indicar que Buenos Aires aporta el 38% de la recaudación total, pero recibe solo el 7%, mientras que el ejecutivo nacional concentra el 70% de los recursos.
