El Gobierno otorgó a la Virgen de Luján el grado de "Comandante Generala" de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Esto lo hizo a través del Decreto 675/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que también fue publicado en el Boletín Oficial.
El motivo principal de la medida se fundamenta en la profunda incidencia de Nuestra Señora de Luján en la historia nacional y especialmente dentro de la GNA, ya que esta fuerza es muy devota de la Virgen bajo esa advocación. Además, en el documento, se describe el recorrido histórico y jurídico que respaldó la decisión.
En 1958, tras un pedido del entonces Vicario de las Fuerzas Armadas ante la Santa Sede y de conformidad con normas canónicas vigentes, la Secretaría de Estado del Vaticano aceptó la solicitud relacionada con el patronazgo de la Santísima Virgen sobre las FF.AA. y las distintas armas del país. Desde ese momento, la veneración a la Virgen de Luján adquirió un rol central, que permanece latente.
En 1975, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, por petición del Director Nacional de la fuerza, declaró a Nuestra Señora de Luján como Patrona de la Gendarmería Nacional.
A partir de ese momento, según expresa el texto, la imagen de la Virgen se encuentra instaurada en todos los ámbitos de la fuerza, junto a una devoción generalizada tanto en el cuadro superior como en el subalterno. Así, consolida su dimensión simbólica y espiritual dentro de la estructura institucional.
Detalles de la medida
La decisión tiene el aval del Obispo Castrense. El rango de "Comandante Generala" lleva a la Patrona de la Gendarmería al grado más alto que las Fuerzas Armadas han otorgado tradicionalmente a sus Santos Patronos dentro de la categoría de Personal Superior.
En su primer artículo, la norma establece el reconocimiento formal de la Virgen en ese rango. El segundo instruye al Jefe de la GNA a adoptar las acciones necesarias para la entronización y disposición de los honores militares correspondientes. A su vez, el texto ordena la comunicación y publicación de la medida mediante la Dirección Nacional del Registro Oficial.
Asimismo, se destaca la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad Nacional, que respaldaron la legalidad del procedimiento. Las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional también garantizan la decisión.
