Las causas judiciales contra Macri y su gabinete que más rápido se cerraron en Comodoro Py

Por: Karina Poritzker @karipori1

Con un decreto sellaron el tema Correo Argentino. Pero el Presidente ya no debe preocuparse tampoco por Panamá Papers ni por escuchas ilegales. Peña zafó de una denuncia de CFK por hoteles en Calafate. Las causas cerradas de los exfuncionarios Caputo y Quintana. El factor común: el fiscal Moldes, que suele no apelar. Y las más polémicas: Arribas y Angelici.

 

Acuerdo con el FMI,  Memorándum con Qatar, compra de dólar futuro, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito. Estas son sólo algunas de las denuncias presentadas contra el presidente Mauricio Macri o sus principales funcionarios en lo que va de su Gobierno. Hay investigaciones abiertas y en marcha. Pero otras, muchas, quedaron cerradas en menos de tres años.

Una de las últimas buenas noticias la recibieron el Presidente, su jefe de Gabinete Marcos Peña el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y ex titular del Banco Central Luis Caputo el 11 de septiembre último. El juez federal Julián Ercolini desestimó una denuncia contra todos por supuesto “abuso de autoridad y violación de deberes” a raíz de la firma del acuerdo con el FMI. En este caso no está dicha la última palabra porque el fallo fue apelado por el fiscal Jorge Di Lello.

En abril pasado, se archivó otra denuncia contra Peña: había sido promovida por el abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, a raíz de la supuesta contratación de un hotel de la familia del funcionario para alojar tripulación de Aerolíneas Argentinas en El Calafate. También fue investigado el entonces secretario de Comercio y actual secretario de Política Económica Miguel Braun.

También en abril y si bien no es funcionario del Gobierno, un fallo alivió al presidente de Boca, Daniel Angelici, cercano a Macri. La Cámara Federal archivó la causa por presunto tráfico de influencias en los pasillos de Comodoro Py 2002. Se había acusado al dirigente futbolístico de “operar” a favor de funcionarios del Gobierno. La aliada Elisa Carrió fue -y aún es- una de las que más fogonea esa hipótesis.

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No es funcionario y para la justicia, Angelici tampoco es operador. Carrió denuncia e insiste.
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El fiscal federal Germán Moldes no sostuvo la apelación del fiscal de primera instancia Federico Delgado y quedó firme el archivo con un sobreseimiento para Angelici.

El 28 de mayo último, la Cámara Federal de Casación cerró de manera definitiva una denuncia a Macri, su vicepresidenta Gabriela Michetti y otros acusados por la firma de un Memorándum de Entendimiento con Qatar vinculado a la inversión de fondos de Anses y la creación de una estructura offshore.

La sala I de la Cámara Federal había archivado la pesquisa por no encuadrar en ningún delito penal, en sintonía con lo decidido antes por el juez federal Daniel Rafecas. Poco después. el máximo tribunal penal del país dejó firme ese fallo porque, sostuvo, la apelación presentada por el fiscal Moldes fue mal concedida y careció de fundamentación.

El fiscal Moldes cometió errores o directamente decidió no apelar en causas relevantes.
El fiscal Moldes cometió errores o directamente decidió no apelar en causas relevantes.

En cuanto a Macri, su buena racha comenzó en junio de 2016, cuando la Cámara Federal porteña confirmó su sobreseimiento en la causa por escuchas ilegales abierta cuando era jefe de Gobierno porteño. Una investigación que la Cámara Federal de Casación acaba de dejar definitivamente en la nada en lo que respecta  a quienes habían quedado procesados y en camino a juicio oral.

Luego fue el turno de Panamá Papers: el Presidente resultó imputado a cinco meses de asumir  por la presunta omisión de declarar dos sociedades off shore en los 90, “Fleg Trading” y “Kagemusha”.

Ya promediando su gestión, el 3 de agosto de 2017 la sala II de la Cámara Federal porteña cerró la causa en cuanto al delito de lavado de dinero por el que se investigaba a Macri y envió al fuero penal económico lo relativo a una presunta evasión impositiva. Este fallo confirmó una decisión que había tomado el juez federal Sebastián Casanello.

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Lo relativo a la declaración por parte de Macri de esas sociedades off shore se derivó entonces al juzgado de instrucción 20 del fuero criminal ordinario, porque allí se investigaba a Macri por supuesto enriquecimiento ilícito, pesquisa que poco después, el 28 de octubre de 2017 -hace ahora un año- se cerró.

La jueza a cargo, Elizabeth Paisan, sobreseyó tanto a Macri como a Nicolás Caputo, ambos imputados por supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas cuando el ahora Presidente era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en contraste a la entregada a la Oficina Anticorrupción en 2014, como candidato presidencial. En el mismo acto, quedó cerrada la parte que lo vinculaba directo a Panamá Papers.

Una de las causas más mediáticas del actual Gobierno fue la protagonizada por la vicepresidenta Michetti por supuesto lavado de activos a raíz del origen de 245 mil pesos y 50 mil dólares robados de su casa el 22 de noviembre de 2015, mientras ella festejaba el triunfo de Cambiemos en el ballotage.

La entonces flamante vicepresidenta fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán pero tras una investigación que abarcó además a la fundación SUMA y otras ligadas al macrismo, el juez federal Ariel Lijo la sobreseyó en abril de 2017 y el fallo quedó firme por falta de apelación fiscal.

Esta semana, Michetti firmó, junto a Peña, un decreto que denegó un recurso jerárquico interpuesto por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que pedía continuar con la investigación sobre la condonación de deuda para Correo Argentino. No fue una decisión judicial, pero sí zanjó para Macri -que se abstuvo para firmar, por el involucramiento de su padre- uno de los dolores de cabeza que más lo aquejó en sus primeros tiempos de Gobierno, al menos, en lo administrativo.

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El ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, estuvo bajo investigación judicial durante su paso por la función pública: lo sobreseyó el juez federal Sebastián Ramos por supuestas “negociaciones incompatibles” a raíz de una denuncia presentada por Gabriela Cerruti. Se lo acusó de supuestas influencias en la contratación de un estudio de abogados neoyorquino, el Holland Knight LLP -que tiene como socio a su hermano Norberto- para colocar bonos de deuda de provincias argentinas.

Quintana no llegó a ser llamado a declaración indagatoria, la fiscal del caso Paloma Ochoa apeló pero su superior ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, no mantuvo el recurso y el sobreseimiento quedó firme.

El 23 de junio de 2017 la Cámara Federal de Casación cerró de manera definitiva la investigación por supuestos sobornos a la brasileña Odebrecht en el 2013 abierta al jefe de la AFI, Gustavo Arribas.

El funcionario fue sobreseído con suma velocidad por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en una decisión apelada por el fiscal Federico Delgado. En este caso, el recurso tampoco fue sostenido por Moldes ante la Cámara Federal y la decisión del magistrado de primera instancia quedó firme. En un giro copernicano, Arribas terminó denunciando al fiscal Delgado, quien recibió el apoyo de Carrió.

Al ex presidente del Banco Central, Luis Caputo y a su esposa se les cerró una investigación por supuestas “negociaciones incompatibles” y “enriquecimiento ilícito” a raíz de la compra de dólar futuro a través de un fondo de inversión, “Axis”.

En su decisión el juez federal Luis Rodríguez sobreseyó a ambos y remarcó que ninguno cometió “fraude contra la administración pública” y que tenían “capacidad económica” en base al patrimonio  declarado para realizar esas operaciones. El fiscal del caso, Carlos Stornelli tampoco apeló.

 

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