El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles la séptima revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas. Esta instancia habilitó el envío de US$4700 millones con los que ya se pagaron los vencimientos de deuda de enero y febrero, pero también impuso una serie de nuevos objetivos que el país debe seguir para cumplir con el programa.
Esta mañana se publicó el staff report, es decir, el informe del organismo sobre la situación argentina. Allí, se detallan las nuevas metas estructurales que el Gobierno se comprometió a cumplir en los frentes cambiario, fiscal y monetario.
En el extenso documento de 119 páginas asoman que una de las primeras conclusiones del Gobierno son que planea remover las restricciones al dólar en la primera parte de este año, para llegar a un mercado cambiario liberalizado a fines de junio.
En el informe señalan: “Nuestro objetivo es eventualmente unificar el tipo de cambio y eliminar los controles cambiarios, según lo permitan las condiciones. Con este fin, estamos acelerando el trabajo en el desarrollo de una hoja de ruta para la eliminación gradual de los controles cambiarios (reiniciada hasta finales de junio de 2024, meta estructural), que deberá calibrarse cuidadosamente, dependiendo del progreso en la implementación de nuestro plan de estabilización”.
Las nuevas metas estructurales del acuerdo con el FMI son seis:
• Publicar a finales de mayo de este año reformas detalladas del actual esquema de segmentación tarifaria para orientar mejor los subsidios a la canasta básica de energía para los hogares vulnerables.
• Perfeccionar el marco y las operaciones de la política monetaria, para garantizar que esté bien anclado con objetivos de mediano plazo claros y bien comunicados, consistentes con la estabilidad de precios. Esta meta se pactó para finales de abril de 2024.
• Eliminar el esquema de exportación preferencial existente hacia finales de junio de 2024.
• Hacia septiembre de 2024, fortalecer la integración de bases de datos administrativas relevantes para mejorar la focalización y la prestación eficiente de asistencia social, con asistencia técnica del Banco Mundial.
• Presentar al Congreso el Proyecto de Presupuesto 2025 consistente con el objetivo general de equilibrio fiscal, lo que se hará el 15 de septiembre de 2024, tal como establece la ley.
• Desarrollar y ejecutar un plan destinado a extender los vencimientos de una parte de la deuda interna que vence este año. El Gobierno se comprometió a realizar esto a finales de marzo de 2024.
Además, informaron: “Que se propone restablecer la meta estructural existente sobre el desarrollo y publicación de una hoja de ruta para la flexibilización gradual de los controles cambiarios”.
Por otro lado, el staff report menciona que al no poder cumplir con varios de los objetivos que había acordado Sergio Massa, se fijaron nuevos criterios de performance trimestrales del programa hasta finales de junio así como metas indicativas hasta fin de septiembre de este año.
En esa línea el reporte remarco: “Los objetivos propuestos se han ajustado de conformidad con el plan de estabilización significativamente más ambicioso de la nueva administración”. A lo que detalló:
• El superávit primario del 2% del PIB para 2024 (frente al déficit anterior del 0,9 por ciento del PIB);
• Acumulación de reservas netas desde el 10 de diciembre de 2023 hasta finales de septiembre de 2024 por US$7600 millones.
• Se elimina todo el financiamiento monetario del tesoro, con una definición ampliada para incluir compras de bonos en el mercado secundario.
• Limitación más estricta de los atrasos en el gasto interno, basado en el promedio de las dos últimas semanas del trimestre (en lugar del promedio trimestral);
• Se definió un piso indicativo de gasto social actualizado, “que refleja la necesidad de apoyo social adicional para proteger a los más vulnerables y garantizar un ajuste socialmente sostenible”.
• Eliminación del tope a la intervención del Banco Central en dólar futuro, “sobre la base de los fuertes compromisos de la nueva administración”.
