Varias agrupaciones y familias protestaron contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mediante una publicación en sus redes sociales, el arquero de Independiente, Rodrigo Rey, y su pareja, Laura Cáceres, también se manifestaron en contra de esta decisión del presidente.
“Los derechos humanos siempre por encima de cualquier política económica, de cualquier color político. Se están mezclando cuestiones. Está perfecto controlar y ordenar. Pero desentenderse de un derecho tan básico de la propia humanidad es inadmisible” comienza el texto de una historia con fondo negro que subió la pareja de Rey y que el arquero compartió.
“Jamás me expresé ni opiné sobre política ni lo voy a hacer a futuro. En este caso estoy opinando de la decisión de un presidente desde lo humano y su responsabilidad con la sociedad. Si hay algo que tuvimos siempre presente, es que el autismo no debería caer en la grieta política jamás”, siguió.
Hace un tiempo, Rey y su pareja vivieron una situación difícil con el colegio al que asiste su hijo, que tiene autismo. Tras una larga lucha, lograron que el establecimiento mejorara las condiciones del espacio.
“Esto no se trata de estar de un lado o del otro. Se trata de derechos humanos. Soy una mamá aportando desde mi pequeño lugar. Esperando que las repercusiones de lo que hago suenen tan fuerte como sea posible para visibilizar”, sigue la publicación de Laura.
“Como familia, tenemos el privilegio de poder pagar todo lo que nuestro hijo necesite. Pero no somos eternos y queremos intentar darle una sociedad mejor. A Beni y a todos lo que no pueden. Porque la empatía está en nuestro ADN. Así que tristemente, habrá que luchar”, cerró.
El veto del presidente
El presidente Javier Milei vetó por completo las tres leyes aprobadas por el Congreso que establecían aumentos a jubilados, reponían la moratoria previsional y declaraban la emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas.
La Ley de Emergencia en Discapacidad proponía declarar la emergencia en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y tenía como objetivos principales regularizar los pagos a prestadores de servicios, actualizar aranceles, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.
