La resolución con la que el juez de Garantías Juan Pablo Masi dictó la prisión preventiva de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz es un documento de extrema crudeza. No solo porque describe con detalle los hechos denunciados, sino porque deja al descubierto —con pruebas concretas— un entramado de manipulación, sometimiento psicológico, amenazas y violencia sexual sostenida durante años, que el magistrado consideró suficientemente acreditado en esta etapa del proceso para mantener a ambos acusados detenidos en la alcaidía Roberto Pettinato de La Plata.

El fallo al que accedió #BORDER no se apoya en una única prueba ni en un relato aislado. Por el contrario, el juez valoró declaraciones coincidentes de distintas denunciantes, informes médicos, testimonios de terceros, documentación institucional del Senado bonaerense y un volumen impactante de correos electrónicos que, aunque todavía se encuentran bajo análisis, ya permitieron trazar un patrón de conducta que —según Masi— excede largamente un vínculo consentido y se inscribe en un esquema de abuso sistemático y organizado.

De qué están acusados, en términos claros

Sin entrar en tecnicismos, Nicolás Rodríguez está acusado de violaciones reiteradas, cometidas en distintos momentos y contextos, algunas de ellas con amenazas, otras con armas blancas, muchas con participación activa o facilitación de Daniela Silva Muñoz. En todos los casos, la Justicia entiende que los abusos provocaron graves daños en la salud mental de las víctimas, un agravante central en la legislación penal.

Silva Muñoz, por su parte, no está acusada como autora directa de todos los ataques, pero sí como partícipe necesaria: la resolución judicial sostiene que sin su intervención, aval o colaboración, varios de los hechos no podrían haberse concretado. El juez da por acreditado, al menos provisoriamente, que cumplió un rol clave en el sometimiento psicológico, en la generación de miedo y en la normalización del abuso dentro de una dinámica que las víctimas describen como sectaria.

Los relatos que convencieron al juez

El núcleo de la resolución está en las declaraciones de las denunciantes, cuyas identidades se mantienen en reserva para proteger su intimidad. Los relatos, volcados en el expediente, son extensos, coherentes entre sí y atravesados por un denominador común: todas eran muy jóvenes cuando comenzaron los hechos, todas tenían vínculos de militancia o trabajo político con los acusados y todas describen un proceso gradual de captación, aislamiento y dominación.

Una de ellas relató cómo fue contactada a los 18 años con la promesa de una pasantía en la Legislatura bonaerense. Ese ofrecimiento fue la puerta de entrada a encuentros privados que derivaron, según su testimonio, en una relación sexual no deseada, atravesada por presiones y situaciones en las que “no pudo consentir libremente”. Con el tiempo, el vínculo se volvió más violento: abusos reiterados, amenazas, irrupciones en su domicilio y un control constante sobre su vida personal.

Otra denunciante describió un escenario aún más perturbador: amenazas con cuchillos, imposición de prácticas sexuales, penetraciones forzadas, episodios de asfixia, golpes y mordidas que dejaban marcas visibles. En su declaración, relató cómo Rodríguez se presentaba como una suerte de entidad superior, con “vidas pasadas” y distintas “esencias”, algunas de ellas violentas. Según su relato, Silva Muñoz reforzaba ese discurso y legitimaba el sometimiento como una forma de “propósito” o “entrenamiento”.

El juez Masi no tomó estos relatos de manera aislada. Señala que coinciden en tiempo, modalidad y roles, aun cuando las víctimas no denunciaron juntas ni en el mismo momento. Para el magistrado, esa coincidencia refuerza la credibilidad de los testimonios y descarta la posibilidad de una construcción ficticia o coordinada.

El daño psicológico, un eje central

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la valoración del daño en la salud mental. El juez destaca que las víctimas relatan episodios de disociación, lagunas de memoria, miedo constante, sensación de vigilancia permanente y dificultad para reconocer el abuso durante años.

En ese sentido, se incorporaron informes médicos y psicológicos que dan cuenta de cuadros compatibles con violencia sexual prolongada y coercitiva, algo que la Justicia considera clave para agravar las imputaciones. No se trata solo del acto sexual en sí, sino del contexto: amenazas a familiares, uso del miedo como herramienta de control y una manipulación emocional sostenida.

Los mails: una pieza clave, pero aún en análisis

Uno de los elementos más sensibles del expediente son los más de 200 correos electrónicos que las víctimas dicen haber recibido a lo largo de los años. Muchos de ellos provenían de cuentas que no estaban directamente asociadas a los imputados, pero que —según la acusación— formaban parte de una puesta en escena destinada a reforzar el sometimiento.

En la resolución, el juez aclara que solo se incorporaron algunos mails como prueba preliminar, a modo ilustrativo del mecanismo de control. El grueso del material sigue siendo analizado por la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI 2 de La Plata, quien lleva adelante la instrucción del caso. Esos correos, según consta en el expediente, incluían órdenes, advertencias, mensajes nocturnos y consignas que reforzaban la idea de vigilancia permanente y castigo ante la desobediencia

Testigos que respaldan a las denunciantes

El juez también ponderó declaraciones de personas del entorno político y personal de las víctimas. Compañeras de militancia relataron haber visto moretones, cambios bruscos de conducta, aislamiento y situaciones de sometimiento emocional. Algunos testigos afirmaron que dentro de los espacios políticos ya circulaban comentarios sobre el comportamiento de Rodríguez, sus mensajes inapropiados y su modo de vincularse con mujeres jóvenes.

Incluso se incorporaron testimonios que dan cuenta de que ambos acusados fueron desplazados de agrupaciones políticas por conductas consideradas inadecuadas o abusivas, mucho antes de que las denuncias penales vieran la luz.

El rol institucional y el Senado

Otro punto que el juez consideró relevante fue un informe oficial del Senado bonaerense, que detalla la situación laboral de los acusados y las medidas adoptadas una vez que la institución tomó conocimiento de los hechos. Para Masi, ese documento refuerza la verosimilitud del contexto laboral en el que se habrían producido algunos de los abusos y descarta que se trate de hechos absolutamente ajenos al ámbito institucional

Por qué siguen detenidos

Con todo este material, el juez Masi concluyó que existen pruebas suficientes para sostener la acusación y, además, riesgos procesales concretos: posibilidad de entorpecer la investigación, influir sobre testigos o continuar con conductas de hostigamiento. Por eso, rechazó medidas menos gravosas y dictó la prisión preventiva de ambos imputados.

Las víctimas están representadas por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, quienes vienen insistiendo en la necesidad de preservar la integridad psicológica de las denunciantes y evitar cualquier forma de revictimización.

La causa sigue en plena etapa de investigación. Falta analizar la totalidad de los correos electrónicos, avanzar en nuevas pericias y definir eventuales ampliaciones de imputación. Pero para el juez, hay algo que ya quedó claro: los relatos no son aislados, el daño es profundo y el patrón de abuso, consistente. Y eso, en esta instancia, fue suficiente para mantener a los acusados tras las rejas.