La Policía de la Ciudad arrestó en la noche del jueves al empresario Leandro Esteban García Gómez en su departamento de Palermo, donde ocultaba a su pareja, la cantante Lourdes Fernández del grupo pop Bandana, cuya desaparición había sido denunciada por su madre y su compañera Lissa Vera.
Aunque Lourdes se comunicó con la policía para minimizar la preocupación, su paradero era desconocido. La detención de García Gómez, ordenada por el Juzgado N°47 tras un allanamiento, destapó un oscuro historial que lo vincula a la violencia de género, deudas y problemas judiciales de larga data.
Ocultamiento y botón antipánico
Inicialmente, García Gómez mintió a la policía, asegurando que Lourdes no se encontraba en el departamento de la calle Ravignani. Horas después, la fuerza regresó con una orden de allanamiento y encontró a la cantante, quien fue trasladada al Hospital Fernández, mientras que el empresario quedó detenido. Tras haber declarado a los medios que nada sabía de la ex cantante y enviar un mensaje al presidente Milei.
El prontuario de García Gómez, licenciado en administración de empresas y con antecedentes de empleo estatal, designado en el año 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner, es extenso. La relación con Lourdes Fernández ya estaba marcada por la violencia: Lourdes había recibido un botón antipánico en noviembre de 2022 tras denunciar a García Gómez, aunque luego entregó el dispositivo en julio de 2023.
El empresario de 46 años fue denunciado por otra ex-pareja, una abogada, en 2019. Esa causa lo obligó a usar una tobillera de monitoreo hasta 2021. Los registros judiciales de García Gómez revelan un patrón de caos. En 2022, fue demandado en el fuero civil por el dueño de un departamento que le había alquilado en 2019, en el complejo La Algodonera.
Según la denuncia, el empresario generó facturas impagas, escenas de violencia, peleas y multas que provocaron la intervención de la policía. Lo más grave ocurrió en 2020, cuando el departamento fue allanado por una causa federal por disparo de arma de fuego.
Por el episodio del arma, García Gómez fue condenado en diciembre de 2020 a dos años y cuatro meses de ejecución condicional. En ese proceso, admitió un “consumo problemático de estupefacientes -cocaína- y ansiolíticos sin prescripción médica”.
Irónicamente, documentos judiciales revelan que en el inicio de su arresto domiciliario por el delito de disparo de arma, la persona indicada como contacto alternativo y quien supuestamente "lo contuvo" era precisamente Cecilia Lourdes Fernández.
El dueño del departamento de Colegiales finalmente lo recuperó en 2021 en un estado deplorable: con electrodomésticos rotos, muebles destrozados, marcas de quemaduras y un costo de reparación que superó el millón de pesos de aquel entonces. A esto se suma que, a mediados de 2025, el empresario llegó a un acuerdo con un consorcio por una deuda millonaria en expensas.
