El juez federal Daniel Rafecas dictó medidas restrictivas contra Luciano Pantano, su madre Ana Conte y la empresa Real Central SRL, todos vinculados a una mansión en Villa Rosa, Pilar, relacionada con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Se les prohibió salir del país, se les inhibieron bienes y se congelaron sus cuentas bancarias, en el marco de una causa por presunto vaciamiento de la propiedad, que actualmente está custodiada por la Policía Federal.
La empresa Real Central SRL, que figura a nombre de Ana Lucía Conte, una jubilada que recibía subsidios sociales, y su hijo Luciano Pantano, exdirigente del club Almirante Brown y monotributista, es titular de al menos 59 vehículos de alta gama y de colección. La mansión posee un helipuerto, un haras de caballos y un garage con autos de lujo y vehículos históricos.
Fundada en 2021 bajo el nombre Central Drinks con un capital inicial de 300 mil pesos, la empresa recibió una inyección de 58 millones de pesos en 2024, monto insuficiente para cubrir el valor de la propiedad y sus lujos. Según los registros oficiales, Real Central SRL llegó a poseer un parque automotor de 120 vehículos, entre ellos 20 camionetas pickups, 55 autos, 7 motos, un cuatriciclo, 10 SUVs, 7 vehículos utilitarios y tres maquinarias pesadas como una autoelevadora, un tractor y una retroexcavadora.
Un dato llamativo es que 35 de esos vehículos fueron registrados en Santiago del Estero, provincia de donde es originario Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia en la AFA y presidente del club Central Córdoba de esa región. Esta conexión refuerza las sospechas sobre la relación de la propiedad con figuras influyentes del fútbol argentino.
El empresario del juego Daniel Angelici, vecino de la mansión investigada, comentó que las obras en el terreno comenzaron a mediados de 2023 y que siempre supo, según declaró a un medio, que el lugar había sido adquirido por Toviggino.
La investigación judicial comenzó después de que los dirigentes de la Coalición Cívica, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, alertaran sobre un posible vaciamiento de la propiedad. El juez Rafecas, a pedido del fiscal Ramiro González, ordenó levantar el secreto fiscal sobre los presuntos testaferros para acceder a toda su información impositiva.
La causa tuvo un recorrido complejo dentro del sistema judicial: inicialmente fue sorteada al juzgado federal de Rafecas, quien se excusó y la derivó al fuero Penal Económico. El juzgado N°10, a cargo de Marcelo Aguinsky y subrogado por Javier López Biscayart, se declaró incompetente y devolvió el expediente a Rafecas. Actualmente, la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires debe definir quién continuará con la investigación.
Ante la presión de los denunciantes y la preocupación por una posible zona liberada en Villa Rosa, Rafecas dispuso custodia policial permanente en las entradas de la quinta y levantó el secreto fiscal. En los últimos días, tras los primeros avances, se prohibió la salida del país a los investigados, se inhibieron sus bienes y se congelaron sus cuentas bancarias, medidas habituales en causas por presunto lavado de activos.
Este miércoles se completará la designación de peritos tasadores para continuar con la valuación oficial de la mansión y sus bienes, un paso clave para avanzar en la causa judicial.
