El Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires formalizó una imputación contra las firmas Mercado Libre y Mercado Pago, tras detectar una serie de disposiciones en sus contratos de adhesión que otorgarían ventajas desproporcionadas a la plataforma digital. La investigación administrativa, impulsada por las autoridades de Defensa del Consumidor provinciales, se enfoca en los términos de uso generales y en los contratos específicos de las líneas de crédito que la fintech otorga en el territorio nacional.

De acuerdo con el marco normativo vigente, el gigante del comercio electrónico dispone de un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo legal y fijar domicilio en La Plata. Fuentes oficiales confirmaron que la compañía tiene la opción de presentar una propuesta de readecuación para suprimir o modificar los puntos señalados por el fisco; de lo contrario, el proceso sancionatorio avanzará hacia la aplicación de una penalidad económica que podría alcanzar los $1.815.000.000.

Las 10 condiciones contractuales bajo la lupa del Gobierno bonaerense

La auditoría estatal identificó conductas que infringen los principios de información, transparencia y equidad establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor de la República Argentina:

1. Falta de certeza en las tasas: Las condiciones generales estipulan la posibilidad de aplicar tarifas imprevistas al usuario sin detallar el monto conceptual, el momento de ejecución ni la justificación del cobro previo al compromiso de pago.

2. Modificaciones sin consentimiento expreso: La firma se reserva la potestad de alterar de forma unilateral las reglas del ecosistema digital, asumiendo una aceptación tácita por parte del cliente con el solo hecho de continuar operando en la aplicación.

3. Deslinde ante ciberdelitos y hackeos: El texto impone que el titular de la cuenta es el único responsable ante fraudes o intrusiones de terceros, una premisa que choca con el deber de seguridad informática que las leyes de consumo exigen a los proveedores de servicios financieros.

4. Compensación arbitraria de saldos: El sistema autoriza a la empresa a debitar de forma automática fondos de una cuenta de Mercado Pago para saldar pasivos originados en contratos completamente independientes del perfil del usuario.

5. Resguardo patrimonial corporativo: La denominada "cláusula de indemnidad" obliga al consumidor a asumir los costos de defensa ante cualquier reclamo de terceros o del Estado, transfiriendo al usuario los riesgos de eventuales fallos de la plataforma.

6. Inmunidad ante contingencias operativas: En los segmentos de préstamos personales, Mercado Pago se exime de responsabilidades por perjuicios derivados de averías técnicas en su software y traslada la carga de la prueba al cliente damnificado.

7. Afectación de fondos a cuentas vinculadas: Los contratos permiten ejecutar descuentos por deudas no solo en las cuentas del titular del crédito, sino también en cuentas de terceros que la firma considere ligadas de forma algorítmica, obligando a los afectados no deudores a probar su inocencia.

8. Caducidad anticipada por sospecha: La plataforma cuenta con la facultad discrecional de dar por vencido un plan de pagos y reclamar el desembolso total del capital ante conductas que, bajo su propio criterio, hagan "previsible" un default futuro.

9. Exención de daños anticipada: El documento contractual busca desligar a Mercado Pago de la reparación de daños derivados del uso regular del servicio, limitando derechos fundamentales previos a la ocurrencia de un siniestro.

10. Restricción territorial del derecho al reclamo: Los términos de los créditos fijan la competencia jurídica exclusiva en los tribunales comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esto restringe el acceso a la justicia de los residentes del interior del país, quienes por ley tienen derecho a litigar en las jurisdicciones de sus domicilios reales.

La respuesta de Mercado Libre frente a la auditoría estatal

Tras la notificación de la imputación administrativa, desde la conducción de Mercado Libre relativizaron el alcance de la medida y señalaron que se trata de un control de oficio en una etapa preliminar que no guarda relación con denuncias particulares de usuarios del sistema. "Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias. Millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos", sostuvieron voceros de la compañía tecnológica.

Asimismo, desde la empresa recalcaron que el ecosistema cuenta con mecanismos digitales propios para la resolución inmediata de conflictos internos, los cuales procesan y solucionan la gran mayoría de las fricciones comerciales sin necesidad de intervención de los organismos estatales de control.