El proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno propone, principalmente, agravar las penas de casi todos los delitos y hacer imprescriptibles los que son graves. La iniciativa se tratará en las sesiones extraordinarias del verano, que mantendrán activo al Congreso, también con el tratamiento del Presupuesto 2026 y otras reformas como la laboral.

De esta forma, el homicidio simple tendría una pena de diez a treinta años de cárcel, a diferencia de la actual, que es entre 8 y 25 años. Lo mismo sucedería con ilícitos como lesiones leves, lesiones por conducción imprudente y abuso de armas.

En el caso del primer delito, la pena pasaría de entre un mes y un año a de uno a tres años. En el segundo, se aumentaría a entre dos y seis años en la figura simple, que actualmente es de uno a tres años, y de tres a seis en la figura agravada, que ahora es de dos a cuatro. En el tercero, se subiría el máximo a seis años, cuando, en la actualidad, la sanción es de uno a tres.

El proyecto también plantea la imprescriptibilidad de los delitos considerados especialmente graves. Algunos de ellos son: los homicidios agravados, los delitos sexuales, los atentados al orden constitucional y al sistema democrático, el terrorismo y su financiamiento y el tráfico y contrabando de estupefacientes.

Por otra parte, el Gobierno busca que el 82% de los ilícitos se cumplan con prisión efectiva. Los estragos agravados (como cuando hubiere peligro de muerte para alguna persona o peligro para archivo público, biblioteca, etc), los robos especialmente agravados, la tenencia de arma de guerra sin autorización legal y la portación ilegal de armas de fuego de uso civil tendrían esta medida.

Además, propone la modificación de la liberación anticipada para, por ejemplo, quitársela a delitos como homicidio, robo seguido de muerte o robo con armas. Asimismo, se plantea que los funcionarios públicos pierdan su jubilación de privilegio si son condenados.

A su vez, si se implementara el proyecto, las condenas perpetuas no tendrían límite temporal y se robustecería el marco de la legítima defensa.