La causa Vialidad que terminó con Cristina Fernández de Kirchner condenada a seis años de prisión en su domicilio, podría tener un nuevo giro si la Cámara de Casación Federal da lugar al pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes apelaron el arresto domiciliario considerando que “es un privilegio” y que “hay falta de igualdad ante la ley”.
El planteo de la fiscalía
Luciano y Mola argumentaron que la prisión domiciliaria de la que goza la expresidenta “es un privilegio” y sostuvieron que “jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse”.
Asimismo, los fiscales aseguraron que “este Ministerio Público, como titular de la acción pública, tiene un interés en que las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto. Además, cabe agregar que existe un gravamen concreto y actual que bien puede considerarse de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior".
Por otra parte, esgrimieron que “no se advertían las razones humanitarias que justificaran conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria” y que, además, “no se encontraban configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad les permitieran inferir que el encierro carcelario podía afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Por si fuera poco, citaron el informe socioambiental realizado sobre el departamento de la calle San José 1111 en el barrio porteño de Constitución. El mismo da cuenta de lo revelado por los facultativos que atienden a la expresidenta.
En el informe, se aseguró que Cristina estaba “en un buen estado de salud general” y, según la fiscalía, esa razón era más que suficiente para que la defensa no haya podido demostrar que “la privación de libertad en el establecimiento carcelario supusiera, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal”.
