La reforma laboral impulsada por el gobierno, que será tratada en sesiones extraordinarias del Congreso, incluye la eliminación de ocho impuestos nacionales. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), esta medida reduciría el total de tributos vigentes en Argentina de 155 a 147, mientras que los gravámenes nacionales caerían de 45 a 37, representando una disminución del 18% a nivel federal.
El principal objetivo de esta iniciativa es simplificar el sistema tributario nacional, eliminando tributos con bajo impacto recaudatorio o escasa relevancia fiscal. De aprobarse, los cambios comenzarían a aplicarse en 2026, manteniendo prácticamente sin modificaciones los impuestos provinciales y municipales.
Para poner en contexto, en 2024 había 46 tributos nacionales, que bajaron a 45 en 2025 tras la no renovación del impuesto PAIS. Con la reforma, el total nacional quedaría en 37 a partir del año siguiente.
A pesar de la gran variedad de impuestos existentes, la recaudación se concentra en pocos. Para 2025, seis tributos generarán el 85% de la recaudación consolidada: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aportes y contribuciones a la seguridad social, impuesto a las ganancias de personas humanas y sociedades, impuesto provincial a los ingresos brutos, impuesto a los débitos y créditos bancarios, y derechos de exportación.
Si se suman otros cuatro tributos —como el impuesto a los combustibles, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal, derechos de importación y los impuestos internos coparticipados—, diez impuestos concentran el 94% de la recaudación total, de los cuales ocho son nacionales, uno provincial y uno municipal.
Los ocho impuestos nacionales que dejarían de existir, de acuerdo con el relevamiento del instituto, son:
- Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos
- Impuesto a los videogramas grabados
- Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual
- Impuesto a los objetos suntuarios
- Impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones
- Impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes
- Impuesto a seguros
- Impuesto a la telefonía celular y satelital
Por otra parte, un análisis de la consultora PxQ detalló los principales cambios fiscales que implicaría la reforma laboral del oficialismo y el impacto en la pérdida de ingresos para el Estado. Entre los impuestos afectados se destacan las contribuciones patronales, el impuesto a las ganancias, los impuestos internos eliminados y el régimen de incentivo (RIMI).
Desde PxQ señalaron que la reforma genera una “reducción significativa en los costos laborales no salariales”. Ilustraron este ahorro con el ejemplo de una empresa industrial mediana con una nómina mensual de $100 millones, que podría reducir sus costos laborales en $12,33 millones mensuales, lo que representa una baja del 38% en esos costos sin considerar el salario.
Sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), los expertos advirtieron que “el Estado absorbe el costo del despido futuro mediante renuncia fiscal presente (desfinanciamiento del SIPA)”. Esto, explicaron, “mejora instantáneamente el balance empresarial pero introduce un riesgo fiscal de mediano plazo sobre la sostenibilidad previsional”, debido a la pérdida de ingresos para las arcas públicas.
