En una acalorada sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora por Salta y miembro de Innovación Federal, expresó su indignación frente a sus colegas de Unión por la Patria, quienes rechazaron avanzar con el pedido de desafuero contra el diputado Emiliano Estrada. Estrada enfrenta causas judiciales por presunto uso indebido de recursos públicos para difundir noticias falsas en su contra y contra el gobernador Gustavo Sáenz.
El conflicto escaló durante una reunión de comisión cuando Calletti acusó directamente a sus pares de la bancada oficialista de ser “mentirosos” y “machirulos”, en respuesta a la defensa que hicieron de Estrada. La diputada no dudó en confrontar al diputado Rodolfo Tailhade, a quien llamó “machirulo” por su actitud que consideró despectiva y misógina durante el intercambio.
El momento más tenso se vivió cuando Tailhade intentó interrumpir a Calletti mientras exponía. Ella le exigió respeto y afirmó: “¡Diputado, yo lo escuché, así que sea respetuoso!”. Además, añadió: “¡Le pido por favor que sea respetuoso porque yo lo escuché callada. Usted dice una mentira tras otra y tengo que soportarlo!”. La discusión solo aflojó luego de la intervención del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.
Tailhade defendió a Estrada argumentando que las palabras de Calletti podrían favorecer el sobreseimiento del legislador y calificó la causa judicial como una persecución política en plena campaña electoral. Citó el artículo 68 de la Constitución nacional para sostener que los congresistas no pueden ser molestados por sus opiniones.
La causa
La investigación judicial fue iniciada por el fiscal federal Carlos Amad, quien fundamentó el pedido de desafuero en presuntas violaciones a la Ley de Ética Pública, abuso de autoridad y peculado de servicios. La jueza Mariela Giménez confirmó la continuidad del proceso en el Juzgado Federal N.º 2 de Salta, rechazando intentos de cambiar la jurisdicción.
Según el expediente, Estrada habría coordinado una red de funcionarios públicos para crear y viralizar campañas de desprestigio en redes sociales como TikTok, utilizando cuentas falsas denominadas “La Casta Salteña” y “La Casta de Sáenz”. Estas cuentas difundieron acusaciones graves, relacionando a Sáenz y otros políticos locales con corrupción y narcotráfico.
Dos asesores de Estrada, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, admitieron su responsabilidad y aceptaron condenas abreviadas de un año y cuatro meses de prisión en suspenso, junto a la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Ambos reconocieron actuar bajo órdenes directas del diputado y consideraban que sus tareas formaban parte de sus funciones legislativas, aunque luego admitieron desconocer la ilegalidad de sus acciones.
El proceso judicial no avanzó en la figura de intimidación pública debido a la protección que brindan los fueros parlamentarios a Estrada. Actualmente, la causa está pendiente de resolución en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, con pedidos cruzados sobre la competencia del tribunal.
Durante el debate, Calletti aclaró que el pedido de desafuero no se relaciona con las opiniones públicas del diputado sino con el uso indebido de recursos para difamar: “No se puede mentir e injuriar gratuitamente”, afirmó, denunciando un aparato digital financiado con fondos estatales para esa finalidad. La discusión profundizó la tensión entre la libertad de expresión política y la responsabilidad penal.
