Los trabajadores del Hospital Garrahan, organizados con ATE, iniciaron una huelga de 24 horas a nivel nacional tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno durante la reunión con la Secretaría de Trabajo el pasado jueves. Este paro nacional impactó en hospitales de todo el país, reflejando el descontento acumulado por la falta de respuestas en las discusiones salariales.
En medio de este clima tenso, los médicos residentes, quienes planificaron una movilización al Ministerio de Salud, anunciaron que debieron dejar la huelga y volver a sus ocupaciones. En un comunicado, indicaron que sufrieron amenazas de despido o sanciones por participar en las protestas. En el centro de la disputa se encuentra la exigencia de un aumento salarial del 100% para todos los trabajadores, demanda que se mantuvo latente.
Los gremialistas criticaron a las autoridades por no presentar propuestas viables durante la reunión en la Secretaría de Trabajo, destacando la presencia de “funcionarios de segunda categoría”, lo que intensificó el conflicto. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, consideró que la reunión fue un “fraude” por la falta de funcionarios con capacidad de decisión presentes.
Aguiar anunció en una entrevista que “desde ATE decimos que vamos a nacionalizar la protesta del Garrahan”, aludiendo al levantamiento del paro nacional en beneficio del sector salud. La movilización incluyó una marcha hacia la Plaza de Mayo, atravesando las principales avenidas del centro de Buenos Aires.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, advirtió que el conflicto “se va a profundizar” y manifestó su preocupación por el posible desmantelamiento del hospital. En este mismo contexto, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital, denunció presiones hacia los residentes, quienes enfrentaron la amenaza de perder sus puestos por su activa participación en las demandas.
La situación también afecta a los médicos residentes que, tras rechazar una oferta del Gobierno, decidieron levantar la medida de fuerza para reincorporarse a sus trabajos. Un comunicado del Ministerio de Salud señaló que la asamblea de médicos residentes optó por continuar con sus actividades, decisión que se notificó al Consejo del Hospital.
El Ministerio de Salud, por su parte, calificó la medida de fuerza como una “extorsión política disfrazada de reclamo”, argumentando que afecta el derecho a la salud de millones de argentinos. En sus declaraciones, enfatizó: “El derecho a la salud de los argentinos no puede ser rehén de intereses políticos y gremiales”. Según el Ministerio, el paro convirtió los hospitales en “campos de batalla gremial”, perjudicando la atención de los pacientes y pidiendo el cese de estas medidas, así como el respeto a la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.
