Miles de trabajadores se encontraron en una situación complicada tras la decisión tomada por las principales cadenas de supermercados de pagar su sueldo correspondiente a abril sin aplicar el aumento que acordaron con el sindicato de Comercio. Esta medida fue impulsada después de que el ministro de economía, Luis Caputo, interviniera para frenar los precios, en el contexto de una modificación del esquema cambiario.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU), junto con otras entidades del sector mercantil, afectó a alrededor de 120 empleados al no aplicar el incremento del 1,9% que acompañaba a una suma fija no remunerativa. Este aumento estuvo destinado a compensar la inflación del primer trimestre.

Durante una reunión mantenida el pasado martes entre las cadenas de supermercados y el ministro Caputo, el funcionario enfatizó que el acuerdo paritario "no será homologado". Esto fue considerado un respaldo para que las empresas no cumplieran con el aumento acordado por el gremio.

El convenio en cuestión, suscrito entre el sindicato encabezado por Armando Cavalieri y las cámaras CAC, CAME y Udeca, incluía un aumento gradual del 5,4% a ser distribuido en tres meses, así como tres sumas fijas con el objetivo de hacer frente a la inflación.

Desde el gremio, que mantiene una comunicación directa con la Casa Rosada, se enviaron cartas documento a las cámaras involucradas exigiendo el respeto por lo pactado, que incluía una cláusula que aseguraba el pago de los aumentos aunque no existiera homologación oficial.

Sin embargo, los supermercados hicieron caso omiso a esta cláusula y liquidaron los salarios sin los aumentos correspondientes, aumentando así la tensión entre el Gobierno y la CGT. Este conflicto se suma a una situación ya crítica, recordando que en abril se había llevado a cabo un paro general, incrementando la presión sobre Cavalieri, quien promovía una relación de diálogo con la administración de Milei.

Además, existe cierta disconformidad dentro del sector empresarial respecto a la postura oficial. Un director del rubro expresó: "El aumento acordado fue moderado y sensato. El problema lo tiene el Gobierno, que pide cosas imposibles". Esto refleja la incertidumbre actual que rodea a la dinámica laboral y empresarial en el país.