El fiscal federal Diego Luciani, responsable de la acusación que derivó en la condena a seis años de prisión de Cristina Kirchner por administración fraudulenta en la Causa Vialidad, volvió a exigir la ejecución del decomiso ordenado por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
Durante una charla ante el Rotary Club de Buenos Aires, Luciani afirmó que el fallo está firme y que "lo único que hay que hacer es ejecutar", mientras lamentó la falta de avances en la recuperación de los activos desviados.
El fiscal detalló que la sentencia establece un pago solidario superior a 500 millones de dólares, pero que pese a las intimaciones, las partes involucradas no cumplieron con el pago. Por ello, la Fiscalía presentó nuevas actuaciones para que el tribunal proceda a la incautación de bienes tanto de la exmandataria como del empresario Lázaro Báez y demás condenados.
Luciani recordó que junto a su colega Sergio Mola solicitaron al TOF 2 que se avance con la ejecución del decomiso luego de que venciera el plazo de diez días hábiles para abonar un monto que supera los 684.990 millones de pesos, equivalentes a unos 500 millones de dólares.
En su exposición, el fiscal describió el caso como la demostración de un "sistema de corrupción institucional" en la obra pública durante las gestiones kirchneristas. "Demostramos en más de 70 horas de alegato que Néstor y Cristina Kirchner instauraron en Santa Cruz un auténtico mecanismo de manipulación de la contratación pública", subrayó.
Para dimensionar el enriquecimiento ilícito, Luciani destacó que Lázaro Báez, quien no poseía bienes registrables en 2003, adquirió en 12 años más de 420 mil hectáreas, equivalentes a veinte veces la extensión de la ciudad de Buenos Aires, junto con más de 400 inmuebles, estancias, departamentos, hoteles, 900 bienes muebles, vehículos, camiones, aviones y 55 millones de dólares fugados al exterior.
Además, vinculó la corrupción con la afectación de derechos sociales y humanos: "Esto es lo que le quitan a las personas más vulnerables. La gran corrupción atenta contra los derechos humanos", recordó, haciendo referencia al artículo 36 de la Constitución Nacional que considera la corrupción como un atentado contra la democracia.
En otro pasaje de su discurso, Luciani denunció las presiones sufridas por el Ministerio Público durante el gobierno de Alberto Fernández. "Durante el gobierno de Alberto Fernández los fiscales y jueces fuimos sometidos a operaciones impensadas en democracia, por el simple hecho de cumplir con nuestro trabajo", afirmó, y mencionó una frase del entonces presidente que lo vinculó con la muerte del fiscal Nisman: "Dos días después de mi alegato, dijo ‘Nisman se suicidó, espero que Luciani no se suicide’. La aclaración es que la hipótesis judicial es que a Nisman lo mataron".
Finalmente, el fiscal señaló que la condena contra Cristina Kirchner "se está cumpliendo" y que la sociedad observa que "una persona que cometió un delito tan grave está cumpliendo su condena bajo la modalidad que dispuso la Justicia", en alusión a la prisión domiciliaria que cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución.
