Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola elevaron un contundente escrito al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para forzar la ejecución patrimonial contra Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad. El reclamo surge después de que la exvicepresidenta y sus hijos se opusieran formalmente a perder veinte propiedades, argumentando una supuesta persecución política.
En su dictamen de 65 páginas, los fiscales señalan que existe una clara "resistencia" de los acusados a devolver lo defraudado al Estado, lo cual "obliga a activar los mecanismos para ejecutar los embargos" y cubrir la cifra actualizada de $685.000 millones (equivalentes a unos 537 millones de dólares).
El decomiso millonario
El TOF 2 había intimado a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y otros condenados a pagar solidariamente el decomiso fijado por el delito de administración fraudulenta. El monto actual ($685.000 millones) fue determinado por peritos de la Corte Suprema, quienes actualizaron el daño original de $85.000 millones.
Ante el incumplimiento del plazo de diez días hábiles para el depósito, la fiscalía exige que la instancia siguiente, la ejecución patrimonial, se concrete sobre los bienes embargados. La defensa de la familia Kirchner, al oponerse a la ejecución de sus hoteles, terrenos y complejos de departamentos, recurrió una vez más al argumento de la persecución política. Sostuvieron que el objetivo es "castigar simbólicamente a toda una familia por su historia" y producir su "muerte civil" a través del "despojo de todo su patrimonio, como forma de escarmiento institucional".
Frente a esta resistencia, Luciani y Mola fueron terminantes: “La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática... constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley.”
Los fiscales subrayaron que el cumplimiento de la sentencia, ya confirmada por la Corte Suprema, "no puede quedar librado a la buena voluntad de los condenados". Por ello, reclaman la ejecución "sin más demoras" para avanzar en la recuperación de los activos y asignarlos a fines públicos como "rutas, salud, educación, vivienda, jubilaciones, justicia, seguridad, etc."
