La Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó a la empresa fabricante de la gaseosa Manaos a pagar una suma total de $807 millones a un exdistribuidor que se desempeñó en la región de Cuyo entre 2013 y 2022.
Si bien la cifra representa una reducción respecto a los $1.463 millones dictados en primera instancia por la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael, el monto final, compuesto por $223 millones de indemnización y $584 millones en intereses, reaviva las alarmas sobre la previsibilidad jurídica para las pymes y grandes firmas en Argentina.
El origen del conflicto
El exvendedor inició la demanda tras alegar un despido sin causa y diversas irregularidades en su registración. Según el expediente, el trabajador sostuvo que su relación laboral comenzó en 2013, aunque la formalización ocurrió recién en 2015. La justicia mendocina dio por probada la existencia de una relación laboral encubierta bajo acuerdos que no reflejaban la realidad del vínculo, además de maniobras de evasión previsional.
Orlando Canido, fundador de Manaos, calificó en Infobae, la sentencia como "insólita y fuera de contexto". El empresario señaló que el demandante trabajó aproximadamente seis años y cuestionó los criterios matemáticos de los magistrados: “No sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras. Es un fallo de casi un millón de dólares originalmente”.
Impacto en el debate de la Reforma Laboral
Este caso se produce en una semana clave para la política nacional, tras la media sanción del Senado al proyecto de modernización laboral. El fallo de Mendoza funciona como un catalizador para los argumentos a favor de la ley, que busca:
- Limitar la discrecionalidad: Definir con claridad qué conceptos integran una indemnización.
- Regular los intereses: Poner fin a las actualizaciones judiciales que, en muchos casos, multiplican varias veces el capital original.
- Seguridad jurídica: Evitar que los juicios laborales pongan en riesgo la continuidad de las unidades productivas.
Empresarios de diversos sectores coinciden en que el sistema actual incentiva la litigiosidad. Domingo Contessi, presidente de Astilleros Contessi, advirtió sobre la "distorsión" en la percepción del vínculo laboral, donde incluso ante una renuncia voluntaria, muchos empleados asumen que les corresponde una indemnización por despido.
En el caso específico de Manaos, la Corte mendocina ordenó el pago en un plazo de cinco días, utilizando la tasa de préstamos del Banco Nación para el cálculo de los intereses acumulados.
