Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley que establece la nulidad de cualquier préstamo que el Tesoro de Estados Unidos otorgue a Argentina si no cuenta con la aprobación previa del Congreso nacional. La propuesta reafirma el rol del Poder Legislativo en materia de deuda externa, conforme al artículo 75 de la Constitución, que le atribuye facultades para “contraer empréstitos”, “arreglar el pago de la deuda externa” y “aprobar o desechar tratados concluidos con otras naciones y organizaciones internacionales”.
El texto exige que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Banco Central presenten ante ambas cámaras toda la documentación y cláusulas de cualquier acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense. Además, pone especial énfasis en que se incluya cualquier compromiso que Argentina deba asumir como condición para acceder a dichos fondos.
El objetivo central del peronismo con esta iniciativa es impedir que el gobierno de Javier Milei reconozca deuda alguna contraída con la administración de Donald Trump sin el respaldo parlamentario correspondiente.
De acuerdo con el proyecto, si el acuerdo no pasa por el trámite legislativo, será considerado nulo y no generará obligaciones para el Estado nacional.
En paralelo, la diputada Marcela Pagano, junto a Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot, presentó una propuesta similar que busca modificar la Ley Guzmán. Esta reforma pretende incluir como sujetos en las operaciones de crédito público a “Estados extranjeros, sus agencias, entidades públicas o privadas bajo jurisdicción extranjera”, con el fin de regular los acuerdos que puedan gestionar Trump y Milei.
El proyecto conjunto establece la nulidad del préstamo si no se obtiene la aprobación del Congreso y prohíbe recurrir a decretos de necesidad y urgencia para contraer deuda, práctica que se utilizó en marzo de este año para evitar el debate parlamentario.
Asimismo, Agost Carreño, Massot y Pagano plantean una serie de obligaciones para el ministro de Economía, el secretario de Finanzas y el presidente del Banco Central, orientadas a garantizar mayor transparencia en las operaciones. También reclaman que el Congreso disponga de “facultades de citación compulsiva” para que, en caso de incumplimiento, pueda solicitar la intervención de la fuerza pública para hacer comparecer a los funcionarios convocados.
