Este martes el Senado de la Legislatura de Mendoza tratará la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental para el megaproyecto minero de cobre conocido como PSJ Cobre Mendocino o mina San Jorge, ubicado en Uspallata. Se estima que la mina podría operar hasta por 27 años, con una inversión total de 559 millones de dólares, de los cuales 15 millones se destinarían en el primer año.
Si el Senado da su aprobación, se habilitará el primer proyecto de explotación minera en la provincia, que ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados. El gobernador Alfredo Cornejo defendió la iniciativa, destacando que la minería será un motor de progreso para Mendoza. Además, recibió el respaldo del presidente de la Nación, quien valoró a la minería como uno de los vectores principales de la economía argentina.
Paralelamente, el oficialismo busca avanzar en la aprobación de iniciativas vinculadas con el Fondo de Compensación Ambiental, el régimen de Regalías Mineras y las Declaraciones de Impacto Ambiental del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental II.
En respuesta al debate legislativo, se convocó una masiva movilización en defensa del agua y en rechazo a la megaminería, bajo la consigna “el agua no se negocia”. La Asamblea Popular por el Agua llamó a marchar desde distintos puntos de la provincia para acompañar la votación frente a la Legislatura.
Los manifestantes expresan profunda preocupación por el impacto ambiental que podría generar la mina, especialmente por la posible contaminación química de la cuenca de Uspallata, que alimenta el Río Mendoza, recurso vital para la región. Además, advierten sobre el riesgo de agravar una sequía que afecta a Mendoza desde hace 15 años. Como antecedente, recuerdan el derrame de cianuro ocurrido en 2015 en la mina Veladero, San Juan, el mayor derrame minero de cianuro en la historia argentina.
Marcelo Giraud, geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua, explicó a TN: “Tres de cada cuatro mendocinos vivimos dentro de la cuenca hidrográfica del Río Mendoza. Somos más de un millón y medio de habitantes que no tenemos garantías de que la mina, tal y como está diseñada y aprobada por el gobierno, no pueda llegar a contaminar con sustancias tóxicas el acuífero de Uspallata”.
Frente a estas críticas, la ministra de Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, aseguró: “Es falso que haya riesgos de contaminación de la cuenca del Mendoza”.
Informes del Conicet y de la Universidad Nacional de Cuyo indican que la información presentada por la empresa minera es insuficiente o deficiente para determinar con certeza el impacto ambiental que tendrá el proyecto sobre la cuenca.
Además, Giraud cuestionó las cifras sobre el empleo que generaría la minera, afirmando que “la empresa ha venido mintiendo sobre las fuentes de trabajo. Aseguran que van a ser 3900 en la construcción y 2400 en la operación, pero en el informe de impacto ambiental, en el expediente oficial, reconocen menos”.
En los documentos oficiales se menciona que durante la construcción se emplearían 1200 personas y en la operación 700. Sin embargo, en un comunicado emitido el 10 de enero de este año, la empresa habla de cifras mayores, lo que genera controversia. Hasta el momento, la compañía no respondió a las consultas sobre estas discrepancias ni a las denuncias por posibles riesgos de contaminación.
Este debate remite a un antecedente clave en 2019, cuando el gobierno de Rodolfo Suárez impulsó modificaciones a la ley 7722, una norma que desde 2007 limita el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico en la minería metalífera. La reforma buscaba flexibilizar las condiciones para proyectos mineros, pero provocó una ola de protestas masivas en toda la provincia, con miles de mendocinos movilizados en defensa del agua.
La tensión social alcanzó niveles inéditos, con cortes de ruta y manifestaciones históricas en el centro de Mendoza. En menos de diez días, el Gobierno provincial dio marcha atrás y restituyó la ley 7722 en su versión original, sin modificaciones.
