En una jornada marcada por las tensiones parlamentarias y un duro revés político para el oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles dos iniciativas clave impulsadas por la oposición: una que refuerza el financiamiento de las universidades públicas y otra que declara la emergencia en pediatría, con un impacto directo en el Hospital Garrahan. Ambas propuestas recibieron media sanción, pero desde la Casa Rosada ya anticiparon que no prosperarán: serán vetadas.
“La motosierra no se detiene. El superávit fiscal no se negocia”, fue el mensaje escueto pero tajante que compartió La Libertad Avanza en sus redes sociales. La frase fue replicada sin rodeos por el propio presidente Javier Milei, quien desde hace semanas viene ejerciendo el derecho de veto como herramienta central de su agenda de gobierno.
El quórum
El traspié en Diputados no fue una sorpresa para el oficialismo, que había desplegado una estrategia defensiva para impedir el avance legislativo. Sin embargo, la oposición logró el número mágico de 129 diputados presentes para habilitar el tratamiento de los proyectos. Con una articulación entre bloques dialoguistas y sectores más duros, se impuso una mayoría que dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para sostener su núcleo de apoyo en la Cámara Baja.
Pero el golpe político no terminó ahí. En la misma sesión, los diputados opositores votaron en contra de cinco decretos presidenciales que apuntaban a la eliminación o transformación de organismos estratégicos como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y entes culturales. Aunque los decretos aún siguen vigentes, ya que también deben ser rechazados por el Senado para caer definitivamente, el voto adverso dejó al desnudo la fragilidad del esquema de gobernabilidad de La Libertad Avanza.
Uno de los puntos más cuestionados fue el DNU 461/25, que proponía disolver Vialidad Nacional sin establecer un organismo sucesor. También generó fuertes críticas el intento de reformular el INTA y el INTI, centralizando el poder en manos del Ejecutivo y eliminando sus consejos directivos. A esto se sumó el rechazo a decretos que afectaban el financiamiento de organismos culturales y que modificaban el régimen de la marina mercante.
Mientras tanto, en la Casa Rosada bajaron el tono del conflicto y buscaron mostrar que no pagarán costos políticos por los vetos. “La mayoría de la gente no va a salir a protestar por el presupuesto universitario ni por el Garrahan”, dejó trascender una fuente oficialista. En cambio, sí admiten preocupación por una posible derrota en el Senado, que podría dejar sin efecto los decretos ya en marcha y afectar el corazón del programa de ajuste que lidera Federico Sturzenegger.
Consciente de que el frente legislativo está lejos de estar bajo control, el Gobierno volcó sus esfuerzos hacia otro tablero: la negociación con los gobernadores. Allí intenta desactivar dos bombas de tiempo: el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el destino del impuesto a los combustibles líquidos. Son recursos clave para las provincias, y su tratamiento legislativo podría generar nuevas fracturas.
La jugada, por ahora, rindió frutos parciales. Algunos legisladores alineados con gobernadores aceptaron postergar el debate sobre combustibles hasta el próximo miércoles, con la promesa de mejorar la distribución de la recaudación. “Están negociando punto por punto cuánto le toca a cada provincia”, confió un legislador con acceso a los despachos oficiales.
La semana terminó con sabor amargo para el oficialismo. Mientras Milei reafirma su dogma del ajuste, el Congreso parece convertirse en un frente cada vez más hostil. Y si bien el presidente confía en su capacidad de veto para contener los embates, el equilibrio político que necesita su gestión parece cada vez más difícil de sostener.
