En un nuevo paso hacia la reorganización del Estado y el fin de los privilegios gremiales, el Gobierno nacional publicó este martes el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, que amplía el listado de actividades esenciales y redefine los alcances del derecho a huelga en Argentina. La norma fue firmada por el presidente Javier Milei y todo su Gabinete.

A partir de ahora, sectores como la educación primaria y secundaria, las telecomunicaciones, el transporte marítimo y fluvial, el comercio exterior y la aeronáutica comercial deberán asegurar una cobertura mínima obligatoria del 50% al 75% incluso durante paros. El objetivo es garantizar el funcionamiento de áreas claves para la vida cotidiana y frenar una lógica histórica en la que los gremios mayoritarios paralizaban el país sin asumir ninguna consecuencia.

Del privilegio gremial al orden institucional

El nuevo marco responde a una demanda de fondo: limitar el uso extorsivo de la huelga como herramienta política. Durante años, sindicatos afines al kirchnerismo interrumpieron hospitales, aulas, rutas y aeropuertos, no para mejorar las condiciones laborales, sino como forma de presión sobre los gobiernos.

El artículo 3 del decreto es claro: en los servicios esenciales, no podrá pactarse una cobertura inferior al 75% del funcionamiento habitual; en los sectores de importancia trascendental, el piso será del 50%. La decisión apunta a evitar que los paros afecten la educación, la salud, el abastecimiento, el transporte o la conectividad.

Una medida que pone fin al chantaje sindical

Hasta esta semana, el listado de servicios esenciales incluía apenas hospitales, agua, energía, telefonía y control aéreo. Con esta reforma, el Gobierno extiende la protección a nuevos sectores estratégicos que habían quedado a merced de las decisiones de cúpulas sindicales sin control ni responsabilidad institucional.

Respaldo oficial y reacción gremial

La decisión fue respaldada por todos los ministros del Gabinete nacional y se enmarca en el proceso de reformas que el Gobierno impulsa para consolidar una administración más austera y funcional.

En paralelo, desde sectores sindicales vinculados a la izquierda ya se expresaron en contra del decreto, mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró que “nada estará por fuera de la ley”. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, evitó dar definiciones concretas sobre los alcances.