Luego de que Ian Moche -el niño platense de 12 años que se convirtió en un referente y divulgador sobre el trastorno del espectro autista (TEA)- denunciara al presidente Javier Milei por no borrar un tuit agraviante contra su persona, el primer mandatario presentó un escrito ante la justicia donde justificó su accionar "amparado por la libertad de expresión".
Qué argumentos esgrimió Milei en su presentación ante la justicia
En primer lugar, Milei negó "en forma categórica y terminante todos y cada uno de los hechos, afirmaciones, interpretaciones, deducciones, imputaciones y calificaciones jurídicas vertidas en el escrito de demanda, que no sean expresa y específicamente reconocidas en este informe".
Además, el primer mandatario enumeró varias cuestiones que- de acuerdo con su punto de vista- justifican su solicitud. En primer lugar, aseguró que "la cuenta de la red social “X” @JMilei sea una cuenta oficial o institucional del Poder Ejecutivo Nacional", al tiempo que añadió: "que el suscripto haya realizado acto alguno que pueda ser calificado como una medida administrativa, acto estatal, resolución o vía de hecho administrativa ilegítima".
Además, desmintió "que la publicación cuestionada configure una agresión al honor, reputación o integridad emocional del actor" y "que el reposteo efectuado haya sido un acto de coautoría, ratificación o legitimación de agravios".
Por otra parte, Milei negó que "exista relación alguna entre el suscripto y el usuario “HOMBRE GRIS” y "que la publicación en cuestión tenga la capacidad de generar un daño irreparable, grave, inminente y actual al actor".
También enumeró "que el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo" y "que el presente caso constituya una situación de urgencia que habilite la procedencia de la vía de amparo en detrimento de las vías judiciales ordinarias". Además mencionó que "el suscripto haya incumplido deberes institucionales, constitucionales o convencionales".
"El tweet que motiva la demanda, que no es un acto estatal, es una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional", cerró Milei en su presentación ante la justicia.
