El presidente Javier Milei oficializó este lunes a través del Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.
Estas leyes, aprobadas en el Senado a principios de julio, incluían un aumento real del 7,2% en todos los haberes y pensiones, excepto en regímenes especiales, y un incremento del bono que pasaría de $70 mil a $110 mil, ajustado por inflación. Además, se restituiría por dos años la moratoria que permite a quienes no tienen los 30 años de aportes comprar los años faltantes para acceder al haber mínimo.
Los argumentos del veto
El Gobierno fue contundente en su rechazo, basándose en dos ejes principales:
- Costo fiscal "exorbitante": El decreto afirma que los tres proyectos en conjunto implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones de pesos en 2026. Sostienen que esto equivale a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que "dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales" y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como "innegociable".
- Vicios en el procedimiento legislativo: El Ejecutivo también argumentó que el proceso de aprobación en el Senado estuvo "viciado por graves nulidades". Señalan que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una "ilegítima interpretación del Reglamento".
La decisión del Ejecutivo no se limita a un acto administrativo, sino que responde a un complejo diálogo con gobernadores para asegurar el respaldo suficiente en la Cámara de Diputados y evitar que dos tercios de los legisladores rechacen el veto. El Gobierno confía en contar con los votos necesarios para sostenerlo.
En declaraciones previas, Milei había anticipado: “Vamos a vetar. Aún si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aún si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”.
El rechazo de Milei a estas leyes está fundamentado en la preservación del superávit fiscal, que considera clave para la estabilidad económica del país. En este sentido, el presidente afirmó en la exposición Rural que estas iniciativas “buscan llevar al país a la bancarrota y a la pobreza”.
El Gobierno analiza ofrecer a las provincias una parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para mitigar tensiones, aunque aún no definió el monto. Algunos gobernadores mantienen cautela ante posibles propuestas, ya que afirman que hasta el momento no recibieron ofertas concretas.
En la Cámara de Diputados, la ley del aumento a jubilaciones obtuvo 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, con solo 28 ausentes. Sin embargo, dentro del bloque PRO, aliado de La Libertad Avanza, no hay una postura unificada sobre el tratamiento del veto, en parte debido a la suspensión de reuniones y el receso de invierno.
El FMI
El Fondo respalda la decisión de Milei y señala que estas leyes de gasto representan un aumento del 1,5% del PBI. En un informe técnico, el organismo advierte que la sanción de estas normas se dio en un contexto de “tensión política e institucional” y presión electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre.
El FMI recuerda que el gobierno se comprometió a presentar una reforma previsional antes de finalizar 2026, con el objetivo de simplificar el sistema y mejorar la relación entre aportes y beneficios. Esta reforma sería un punto clave en la agenda económica nacional.
En el documento, el FMI también hace referencia a un precedente histórico: en septiembre de 2004, el Congreso no pudo revertir un veto presidencial que bloqueó aumentos en pensiones y educación terciaria, destacando el uso de facultades constitucionales para impedir modificaciones presupuestarias aprobadas por el Legislativo.
