La Justicia Federal trabó un embargo multimillonario a la gobernación de Buenos Aires por demoras en la puesta en marcha de un proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales en La Plata, Berisso y Ensenada.
Para el juez federal Alberto Recondo, la contaminación en el sistema hídrico del Río de la Plata es “aberrante” y fijó un embargo por un monto de 157.164.287.201 pesos. La obra pendiente tiene un valor estimado de U$S 245.997.956,64, a ejecutar en tres años.
Es hasta tanto la Provincia inicie obras de saneamiento para subsanar los vertidos en el sistema hídrico que componen el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata. La Justicia reclama además que se garantice un retiro de residuos sólidos urbanos existentes.
Recondo pidió auxilio técnico a la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (Uidet GA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.
Los peritajes señalaron que “el aporte cloacal es masivo en las descargas de La Plata en El Gato (después de la calle 1), muy marcado por el nitrógeno total abundante en la orina, pero es también significativo aguas arriba, a la altura de la calle 143, La Granja y posiblemente en Melchor Romero”.
Además, “los arroyos urbanos (Saladero en Berisso, Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada) son fuentes secundarias de contaminación urbana (Saladero y Doña Flora, en menor medida) e industrial (Canal Oeste)”.
El juez Recondo detalló que lleva 20 años la omisión del Estado provincial para implementar una política sanitaria y ambiental adecuada, es decir que atraviesa a varias gestiones bonaerenses.
En 2022 fueron notificados Presidencia de la Nación, la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación sobre la urgencia de comenzar con obras para el tratamiento de los efluentes cloacales.
