Este jueves continuó la lectura de la acusación en el Tribunal Oral Federal 7 por el expediente conocido como "La Camarita", una derivación clave de la Causa Cuadernos que investiga presuntas irregularidades en la asignación de contratos de obras civiles viales durante el kirchnerismo.
En la audiencia se detallaron los testimonios de empresarios imputados colaboradores, quienes confirmaron la existencia de un complejo sistema de contribuciones económicas exigidas por exfuncionarios a cambio de agilizar trámites esenciales para la continuidad de las obras. Uno de los momentos centrales fue la lectura de la declaración de Aldo Roggio, quien relató haber sufrido fuertes presiones por parte del entorno del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.
“No se puede hacer política sin plata”
Roggio afirmó que el Gobierno Nacional priorizaba la ejecución de obras por sobre su precio real, con la condición de que las empresas "contribuyeran con las necesidades políticas de orden económico". Fue en ese contexto que el exministro Julio De Vido le habría lanzado una frase contundente: "De Vido, en alguna oportunidad, me dijo ‘no se puede hacer política sin plata’"
El empresario precisó que, al negarse a participar de la "propuesta" de aportes, su empresa fue "raleada". Roggio describió el "rigor" de esta marginación: demoras extensas en el pago de certificados, retrasos en la re determinación de precios y la no cancelación de intereses, lo que obligó a su firma a realizar "reconocimientos monetarios para la política para sortear estas dificultades".
Roggio señaló directamente a De Vido, José López, Roberto Baratta y Claudio Uberti como los "ejecutores de este apriete", y estimó que las entregas a Ernesto Clarens —el financista que recibía los pagos— fueron del orden de $100.000 dólares por vez o su equivalente en pesos, sin representar un porcentaje fijo del contrato.
Wagner detalló el mecanismo de ahogo financiero
La audiencia también incluyó la declaración de Carlos Wagner, otro de los imputados colaboradores centrales. El empresario ratificó el modus operandi, explicando que, a partir de 2006, la Dirección Nacional de Vialidad comenzó a "retrasar inexplicablemente" pagos y procesos de re determinación de precios.
Wagner sostuvo que estas "demoras y arbitrariedades" crearon una "situación muy complicada" que obligó a contratistas como Esuco a realizar "pagos a cuenta al señor Clarens como la única manera de salir del ahogo financiero que amenazaba la actividad".
A diferencia de Roggio, Wagner sostuvo que las dádivas eran entregadas en la sede de su empresa, eran con dinero propio, generalmente en pesos, y que los montos eran variables y no guardaban proporción con el contrato. Esta rama de la investigación, que se gestó como derivación de la causa principal Cuadernos en 2018, investiga una supuesta organización criminal que también intervenía en el ámbito de las obras públicas no viales.
El expediente imputa a la expresidenta Cristina Kirchner, junto a otros cinco exfuncionarios y 43 empresarios. Los principales cargos son asociación ilícita, cohecho pasivo y cohecho activo. Además de Cristina Kirchner, De Vido y José López, enfrentan procesamiento: Nelson Guillermo Periotti quien se desempeñaba como el exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Sandro Férgola, el exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador general de Vialidad y Sergio Hernán Passacantando, el exgerente de Administración en Vialidad. Además, quien enfrenta cargos por mediar en la recepción de los sobornos es Ernesto Clarens.
Los testimonios leídos confirman la versión fiscal de que se exigían pagos anticipados, manejados a través de Clarens, extrayendo un porcentaje de las ofertas para obras viales.
