“Nos prometieron el pase a planta, nos dejaron con una beca y sueldos de pobreza”. Así resume su situación uno de los miles de trabajadores y trabajadoras de la salud que fueron contratados por el Estado provincial para hacer frente a la emergencia del COVID-19. Desde 2021 hasta hoy, siguen cobrando entre 500.000 y 580.000 pesos mensuales —muy por debajo de lo que perciben sus pares de planta permanente— y sin estar amparados por los derechos laborales que les corresponden.

Son aproximadamente 10 mil becarios y becarias que, en plena pandemia, integraron los equipos del plan Vacunate. Luego, en 2022, cuando se cerraron los vacunatorios, fueron reubicados en hospitales y dependencias del Ministerio de Salud. Se desempeñan en áreas administrativas, limpieza, enfermería, mantenimiento y prevención hospitalaria, pero sin acceso a aguinaldo, aportes jubilatorios, ni estabilidad: todos los años deben esperar una renovación que no está garantizada.

“Hoy seguimos bajo el Decreto 5725/1989, una norma dictada durante la gestión de Antonio Cafiero, que explícitamente nos excluye del régimen de empleo público de la provincia”, denunció uno de las afectados en diálogo con #BORDER.

Según el artículo 6° de esa norma, “la vinculación existente entre el becario y el Estado provincial no configura relación de empleo público, por lo que no resulta aplicable el régimen para el personal de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires”. En otras palabras: aunque trabajen en los hospitales como cualquier otro agente, no tienen los mismos derechos.

Cinco años de promesas: del Vacunate al olvido estatal

Los testimonios que llegan desde distintos puntos del territorio bonaerense comparten una misma frustración: el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Salud. Nicolás Kreplak, actual titular de la cartera sanitaria, había prometido a los becarios una “mejora progresiva” de su situación laboral, que incluiría un pase a planta transitoria y, en el mediano plazo, a planta permanente.

“Pasaron cinco años y seguimos esperando. Nos usan para las fotos cuando hay que mostrar campaña, pero cuando pedimos una reunión, nadie responde”, advierten los trabajadores.

Al tratarse de becas “de capacitación” o “asistenciales”, los estipendios se fijan discrecionalmente según la disponibilidad presupuestaria, sin paritarias ni actualización automática. Además, muchas direcciones hospitalarias aplican de manera arbitraria los beneficios contemplados en la ley 10.430 —como licencias por exámenes o enfermedad— que sí ampara al personal de planta. “En algunos lugares se nos reconocen esos derechos, en otros no. Es una lotería según quién te toque como jefe”, denuncian.

La precarización es tal que incluso una licencia por maternidad, garantizada por el artículo 11 del Decreto 5725/89, puede ser cuestionada o recortada en función de la interpretación administrativa que se haga en cada establecimiento

Un conflicto que se organiza: movilizaciones, petitorios y redes de resistencia

Ante la falta de respuestas oficiales, los becarios comenzaron a organizarse por fuera de los sindicatos tradicionales. Primero fueron grupos de WhatsApp. Después vinieron los petitorios presentados en el Ministerio y, más recientemente, las movilizaciones. La próxima marcha será en La Plata, con destino al edificio de la cartera sanitaria.

“El objetivo es que nos reciba alguien. Queremos diálogo, una mesa donde se discutan soluciones reales. No podemos vivir eternamente como becarios”, dicen.

Mientras tanto, el malestar crece. “En muchos casos realizamos las mismas tareas —o incluso más— que el personal de planta, con la misma carga horaria, pero con la mitad del sueldo y sin derechos. El Estado provincial fomenta nuestra precarización y no da señales de querer resolverlo”, lamentan.

Lo paradójico es que estos becarios fueron una pieza clave en la estrategia sanitaria provincial durante la pandemia. “Fuimos quienes pusimos el cuerpo en los vacunatorios cuando no se sabía bien cómo funcionaba el virus, ahora nos tiran como si fuéramos descartables”, sintetiza una trabajadora que hoy cumple funciones en un hospital del conurbano.

Becarios del Garrahan y del sistema bonaerense: dos caras de una misma precarización

El reclamo de los becarios bonaerenses no es aislado. Tiene un espejo en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional: los médicos residentes del Hospital Garrahan, el Posadas y otras instituciones vienen realizando protestas similares. A pesar de tener dedicación exclusiva y jornadas laborales de más de 45 horas semanales, el salario inicial de un residente en la Provincia es de $880.000. Una cifra insuficiente frente a la inflación y la responsabilidad del rol que cumplen.

Ambos sectores comparten reclamos: recomposición salarial urgente, mejores condiciones laborales y continuidad laboral tras el proceso formativo. En el caso de los residentes, exigen una mesa de diálogo con representación efectiva. En el de los becarios, piden directamente el reconocimiento como trabajadores.

“Los residentes al menos tienen un marco legal y un programa formativo claro. Nosotros ni siquiera eso. Somos mano de obra barata sin protección”, comparan desde el colectivo de becarios bonaerenses.

A diferencia de los residentes, que tienen una duración pautada para sus residencias y acceden a ciertos beneficios como licencias regladas, los becarios dependen de decisiones administrativas opacas. La vigencia de sus becas está sujeta al arbitrio de las autoridades, sin que medie evaluación ni estabilidad. La caducidad puede decretarse en cualquier momento, con apenas una notificación. El artículo 12 del Decreto 5725 habilita la baja por razones tan genéricas como “haber desaparecido los motivos que dieron origen al otorgamiento de la beca”

De la foto oficial al olvido sistemático

Durante los años más duros de la pandemia, no fue raro ver a funcionarios bonaerenses posar para la prensa en los vacunatorios. Detrás de ellos, los trabajadores que garantizaban la logística, la limpieza, la atención y la vacunación. Hoy, esos mismos trabajadores piden ser escuchados.

El conflicto por la situación de los becarios pone en evidencia una deuda estructural del Estado provincial con miles de personas que integran el sistema sanitario sin reconocimiento formal. Es, también, un test sobre la voluntad política de cumplir con las promesas realizadas durante la emergencia sanitaria.

“No queremos más parches ni fotos. Queremos derechos”, concluyen.